En una república que se precie de ser seria, quienes ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad pública deberían ser los primeros en dar el ejemplo. Pero en el Uruguay de hoy, parece que hay quienes se sienten por encima de las normas. En las últimas horas, se hizo publico un episodio que involucra a la ex ministra de Vivienda y actual diputada Cecilia Cairo es una muestra lamentable —y escandalosa— de cómo el poder político puede ser utilizado para beneficio personal, con total desprecio por la ley y la ciudadanía.

El caso, ahora bajo investigación administrativa por parte de la Intendencia de Montevideo, es tan vergonzoso como ilustrativo. Cairo estacionó su vehículo en un lugar reservado para personas con discapacidad, sin contar con la habilitación correspondiente. El hecho, grabado y difundido por una ciudadana en redes sociales, no termina allí: cuando el vehículo fue correctamente guinchado, la entonces legisladora no dudó en llamar a sus contactos políticos para evitar las consecuencias.

Lo que siguió es un entramado de favores, presiones y abusos que huelen mal desde cualquier ángulo. El llamado "código nueve" —una especie de comodín para que ciertos privilegiados recuperen su vehículo sin pagar— fue activado. Una prerrogativa que no está al alcance de cualquier ciudadano de a pie, que, si no tiene el dinero para pagar la multa, simplemente se queda sin su auto.

Todo indica que el “rescate exprés” del vehículo de Cairo fue autorizado por funcionarios de confianza, dentro de una cadena de decisiones que pasó por la directora de Tránsito de entonces, la directora de Vigilancia y hasta el propio director de Movilidad, un conocido correligionario político. Lo que en cualquier empresa privada se consideraría tráfico de influencias, en el aparato estatal parece ser apenas otra ola de favores entre camaradas.

No es la primera vez que el nombre de Cecilia Cairo queda vinculado a prácticas reprochables. Su escandalosa salida del Ministerio de Vivienda, tras el descubrimiento de viviendas irregulares a su nombre, había sido ya una mancha severa en su carrera pública. Pero ahora, con este nuevo episodio, el problema deja de ser anecdótico y pasa a configurar un patrón de conducta: el de quien considera que la legalidad es solo para los otros.

La resolución de la Intendencia, que encomienda una investigación administrativa, es un paso necesario pero insuficiente. La ciudadanía exige más que trámites burocráticos: exige transparencia, responsabilidad y consecuencias. No basta con "investigar" si todo queda, una vez más, en la nada. Si se prueba el abuso, debe haber sanciones ejemplares no solo para quien lo comete, sino también para quienes lo facilitan desde el aparato público.

Porque aquí no estamos ante un simple mal estacionamiento. Estamos frente al uso descarado de la influencia política para esquivar normas que rigen para todos. Y cada vez que eso ocurre sin consecuencias, se erosiona un poco más la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Cecilia Cairo debería haber sido sancionada como cualquier otro ciudadano. En cambio, fue tratada con privilegios indignantes. Y eso es lo que duele. No solo porque demuestra que aún existe una casta política que cree que puede hacer lo que quiere, sino porque revela que, en algunos despachos del Estado, todavía manda el amiguismo por sobre el reglamento.

Este no es un hecho menor, ni debe tratarse como una anécdota más en la tragicomedia de la política uruguaya. Es una señal de alerta. Porque si los que están o estuvieron en el poder no rinden cuentas, entonces estamos todos en peligro. Lejos estamos así, del eslogan y compromiso asumido por la fuerza política en el poder, de “gobernar con honradez” 

El abuso de poder tiene nombre y apellido. Y no puede haber democracia plena si la impunidad se sigue disfrazando de un simple trámite administrativo.