En los últimos días han circulado en redes sociales dos videos que tienen como protagonista al actual secretario de la Presidencia de la República, Alejandro “Pacha” Sánchez. No se trata de imágenes comprometedoras en términos legales ni de conductas reprochables desde el punto de vista moral más básico. Sin embargo, sí exponen una contradicción profunda entre el discurso político sostenido durante años y la conducta asumida una vez alcanzadas las más altas esferas del poder.

Uno de los registros muestra al jerarca disfrutando de un espectáculo musical, cantando y bailando como lo haría cualquier joven. Nada objetable en sí mismo. Nadie puede ni debe cuestionar el derecho de una persona a divertirse. El problema no está en el disfrute, sino en el contexto: el acceso a una zona VIP, con entradas cuyo costo está lejos del alcance del trabajador promedio que ese mismo sector político dice representar. Allí aparece la primera grieta entre la prédica y la práctica. La vida real del poder no siempre coincide con la imagen austera que se proclama en campaña.

Es legítimo preguntarse si esa entrada fue abonada o si el ingreso fue cortesía de la organización, algo habitual cuando se trata de autoridades. En ambos casos, el mensaje simbólico es el mismo: el poder abre puertas que permanecen cerradas para la mayoría. Y cuando ese poder se ejerce desde una fuerza política que ha hecho de la igualdad, la sencillez y la cercanía con el pueblo su bandera histórica, la contradicción se vuelve aún más evidente.

El segundo video es más elocuente todavía. Allí se observa al entonces senador Sánchez, durante la crisis hídrica que afectó a Montevideo y la zona metropolitana, reclamando con vehemencia que OSE garantizara el abastecimiento de agua potable y que, mientras el servicio no se normalizara, el mismo se brindara de forma gratuita. Un discurso firme, indignado, cargado de sensibilidad social.

Hoy, desde la Torre Ejecutiva y como uno de los hombres más influyentes del gobierno, el silencio es notorio. La situación del agua vuelve a ser crítica, con quejas generalizadas por el color, el olor y el sabor del suministro. Sin embargo, ya no se escuchan reclamos públicos, ni propuestas de gratuidad, ni llamados urgentes a proteger al usuario. El contexto cambió, pero las necesidades de la población siguen siendo las mismas.

Es cierto que gobernar implica enfrentarse a restricciones, que desde la oposición se subestiman. También es cierto que hay crisis extraordinarias que escapan a cualquier previsión. Pero nada de eso explica ni justifica la ausencia de coherencia. Mucho menos cuando, en paralelo, OSE aplica aumentos tarifarios que superan ampliamente la inflación, trasladando el peso de la recaudación a los hogares, en un país que ya se ha vuelto carísimo para vivir.

La sensación que queda es amarga: ajuste para los de abajo, privilegios intactos para los de arriba. Mientras jubilados sobreviven con ingresos que apenas rondan los 30 mil pesos tras décadas de aportes, se mantienen pensiones graciables y hereditarias que benefician a antiguos dirigentes y a sus familias. Si realmente hay niños con necesidades insatisfechas, como se repite en cada discurso, el ejemplo debería comenzar por casa.

Renunciar a privilegios sería una señal potente. Pero, una vez más, la generosidad parece ejercerse siempre con el dinero ajeno, nunca con el propio. Esa es la raíz del desencanto: no los videos en sí, sino lo que revelan. La hipocresía, el doble discurso, la distancia creciente entre quienes gobiernan y quienes sostienen el sistema con su esfuerzo cotidiano.

Así, el problema no es un baile ni una consigna del pasado. El problema es la coherencia. Y cuando esa se pierde, la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún proyecto político puede aspirar a brindar un futuro mejor.