El pasado domingo, una jornada de intensa cobertura periodística en Salto dejó algo más que una noticia policial. Una pregunta a la salida de una  audiencia judicial abrió un debate jurídico y político que todavía sigue. Este es el relato de cómo una búsqueda periodística, guiada por el rigor y la curiosidad, puede generar reflexiones más allá de los tribunales.

El domingo fue un día de mucha actividad periodística en Salto. Desde temprano, junto a colegas de distintos medios, compartimos horas de guardia, cruzando datos y confirmando versiones. La noticia más relevante del fin de semana fue el intento de rapiña contra un empresario vinculado al mundo de los eventos nocturnos. Pero lo que más llamó la atención fue la participación de un legislador departamental en los hechos.

La información era parcial, y aunque circulaban versiones de distintas fuentes, todas coincidían en un punto: algo grave se había evitado. Cerca del mediodía nos comunicamos con la fiscal de 3er Turno, Loreley Escobar, quien nos derivó al vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. Él confirmó que se había solicitado audiencia de formalización para esa misma tarde. Desde ese momento, sabíamos que habría imputaciones.

Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, se confirmó lo que ya se manejaba extraoficialmente: el edil había firmado un acuerdo abreviado, aceptando tres meses de prisión efectiva y el resto de la pena en libertad a prueba. El golpe fue evitado, el delito no llegó a concretarse, y lo que en principio parecía un posible homicidio terminó siendo la planificación de una rapiña.

Después de la audiencia, el defensor del edil, Dr. Gabriel Cartagena, confirmó el acuerdo ante el Juzgado de 8º Turno. Fue entonces cuando hicimos la pregunta que, sin proponérnoslo, marcaría el eje del debate posterior: ¿Los actos preparatorios son punibles?” El abogado no respondió. Dijo que se trataba de un acuerdo abreviado. Pero cuando la fiscal Escobar salió a hablar, reiteramos la pregunta. Su respuesta fue clara: “No se castiga el acto preparatorio, sino la asociación para delinquir, que está prevista en el artículo 150 del Código Penal.”

Esa fue la pregunta clave. Al otro día , el empresario afectado declaró que “hay una línea muy fina entre preparar y ejecutar”, y la diputada suplente Natalia Pigurina anunció que propondrá modificar el artículo 150 del Código Penal. Sin mencionarlo, ambos recogieron el tema planteado en aquella rueda de prensa. Y ahí comprendimos que la pregunta no había sido en vano: había abierto un debate político y jurídico.

La diferencia entre lo que presume la Policía y lo que determina la Justicia puede parecer una contradicción, pero en realidad muestra cómo cada institución cumple su función. La Policía investiga y previene; la Fiscalía analiza y acusa; la Justicia decide. La definición del tema es clara: para la Justicia no hubo evidencia y se descartó la planificación de un homicidio. La asociación para delinquir fue, en realidad, la planificación de una rapiña.

Más allá del caso, este episodio reafirma algo fundamental: el valor del periodismo serio, responsable y curioso. Hacer periodismo no es repetir comunicados ni opinar sin fundamentos. Es investigar, preguntar, dudar y buscar la verdad con respeto.

Porque detrás de cada caso judicial, hay también un trabajo periodístico que, sin ser juez ni fiscal, ayuda a que la sociedad entienda lo que pasa. Y a veces, una sola pregunta puede marcar la diferencia.