La reciente decisión adoptada por la Cámara de Representantes al rechazar por unanimidad el artículo que pretendía asegurar una partida extra de treinta mil pesos mensuales para determinados funcionarios de la Cancillería marca un hito de necesaria cordura democrática. De haberse convalidado semejante iniciativa, el Parlamento habría concurrido a sancionar una norma con nombre y apellido, un traje a medida legislativo que habría deshonrado los principios básicos de igualdad ante la ley y equidad en la función pública.