La noticia de esta semana volvió a poner la seguridad en el centro de la discusión. El gobierno anunció que vehículos militares comenzarán a
patrullar algunos de los barrios más complejos de Montevideo en apoyo a las tareas policiales. Como era previsible, enseguida aparecieron dos
posiciones enfrentadas: quienes creen que cualquier medida es poca frente al avance del delito y quienes entienden que cada paso en esa dirección representa una amenaza para las libertades individuales.

Pero detrás de esta noticia hay una discusión bien interesante. Una discusión que Uruguay viene evitando desde hace años, salvo algunas
excepciones. Nuestra Constitución establece que el hogar es un sagrado inviolable. Se trata de una de las garantías más importantes que se intentaron consagrar en la Carta Magna. El mensaje es claro: el Estado no puede entrar en la casa de los ciudadanos cuando quiera y como quiera. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es otra. ¿Una boca de droga, es un hogar? No hablo de una vivienda donde vive una familia y donde eventualmente alguno de sus integrantes comete un delito. Hablo de esos lugares que funcionan de manera permanente como comercios de venta de droga. Lugares donde hay movimiento, vigilancia, circulación de compradores, amenazas a los vecinos y una actividad criminal organizada que termina condicionando la vida de todo un barrio.

Hace años que Uruguay discutió si debían habilitarse los allanamientos nocturnos. Y hace años que el principal argumento es exactamente el
mismo: muchas bocas operan durante la noche aprovechando una protección constitucional que fue pensada para otra cosa. Porque seamos claros, el artículo 11 protege el hogar. Pero la propia Constitución también protege la vida, la seguridad y la propiedad de las personas. Eso está en el artículo 7. Y cuando una boca de droga se instala en un barrio, esos derechos suelen ser los primeros que desaparecen.

El que vive al lado pierde tranquilidad. El que tiene un comercio cerca ve afectada su actividad. Los vecinos empiezan a encerrarse más temprano. Los padres dejan de estar tranquilos cuando sus hijos salen a la calle. De a poco, la libertad de los ciudadanos de bien empieza a retroceder mientras avanza la libertad de los delincuentes. Y ahí aparece una contradicción incómoda. Muchas veces escuchamos que cualquier discusión sobre allanamientos nocturnos o sobre medidas más firmes contra el narcotráfico supone un ataque a las garantías constitucionales. Sin embargo, rara vez nos preguntamos qué pasa con las garantías de quienes viven rodeados por una boca y sienten que el Estado perdió el control de su propio barrio.

La respuesta no puede ser ignorar la Constitución. Ninguna sociedad democrática debería aceptar eso. Pero tampoco parece razonable
resignarse a que organizaciones criminales usen una garantía creada para proteger familias como un escudo para desarrollar actividades ilícitas. Quizás el problema esté en cómo planteamos la discusión. Durante años se nos presentó como una elección entre libertad y seguridad. Como si para tener una hubiera que sacrificar la otra. Pero la realidad demuestra que cuando el narcotráfico se instala, desaparecen las dos.

Porque una cosa es proteger el hogar de una familia trabajadora frente a posibles abusos del Estado. Otra muy distinta es aceptar que un local
operativo del narcotráfico reciba exactamente la misma consideración jurídica que una casa de familia. Tal vez algunos lectores crean que la respuesta es obvia. Otros seguramente pensarán lo contrario. Lo importante es que sigamos haciéndonos la pregunta. Si una democracia termina protegiendo mejor a una boca de droga que a los vecinos que conviven con ella, capaz haya llegado el momento de preguntarnos si estamos interpretando correctamente el espíritu de nuestras propias garantías constitucionales.