Ayer, finalmente, se publicó en el Diario Oficial la promulgación del Decreto 7.668/2025 de la Junta Departamental que modifica parcialmente el Plan Local de Ordenamiento Territorial de Salto (PLOT). Hace algunas semanas había anunciado que participaría junto a otros ciudadanos en una iniciativa de acuerdo al artículo 303 de la Constitución para recurrirlo ante la Cámara de Representantes. En los próximos 15 días hay que juntar 1.000 firmas, luego los Diputados resolverán.

Este Decreto amplía el área urbana de Salto en más de 400 hectáreas, al noroeste, desde el Barrio Dos Naciones hasta el río y el arroyo San Antonio. Es una superficie similar a la que ocupa el área más consolidada de la ciudad, entre las avenidas Barbieri al norte, Blandengues y Viana al este, el arroyo Ceibal al Sur y el río Uruguay al oeste.

Al día de hoy Salto tiene más de 300 hectáreas de suelo urbano sin desarrollar, que aún son chacras (algunas produciendo y otras abandonadas), sumadas a las ocupadas pero no consolidadas, porque les faltan servicios o porque estos son de muy baja calidad y a los cientos de baldíos y viviendas sin uso en zonas consolidadas con todos los servicios. En un contexto de casi nulo crecimiento poblacional y con el Instituto Nacional de Estadísticas avisando que vamos a ser menos.

El decreto obliga a la Intendencia de bituminizar más de 30.000 metros cuadrados de las calles existentes en la zona, que de acuerdo a los precios de mercado significarían cifras cercanas a los dos millones de dólares, que deberá pagar la Intendencia de Salto, seguramente postergando a otros barrios que esperan desde hace mucho tiempo.

Se deberá sumar luego como permanente el costo del mantenimiento de estas calles, pero también de los servicios: recolección, alumbrado, ómnibus, etc. Sin contar con los servicios sociales, como educación, salud o seguridad y bomberos que son responsabilidad del Gobierno Nacional.

Paradójicamente, no le exige a los privados que construyan redes de saneamiento y pueden optar por soluciones más baratas como cámaras sépticas y pozos negros. Sin dudas no se puso la dimensión medioambiental en esa cuenta.

Miles de pozos, aun con mínimas filtraciones pueden causar daños irreversibles en las napas freáticas y en el propio Arroyo San Antonio, ya muy frágil, y a pocos metros de la toma de OSE y de las playas de Salto. Eso sumado a la molestia que significarían las barométricas circulando por Salto para verter con destino a la planta de tratamiento de OSE.

El recurso está planteado respecto a algunos aspectos que son contrarios a la Constitución de la República, a las leyes e incluso a algunos decretos departamentales. Ejemplifico con algunos.

El art. 47 de la Constitución establece que “la protección del ambiente es de interés general” y lo dicho sobre el saneamiento es un claro ejemplo que se lo está contrariando.

La normativa nacional de Ordenamiento Territorial propugna por “la integración social en el territorio”, pero, claramente el modelo urbano propuesto genera segregación socio espacial y excluye a amplios sectores de nuestra sociedad.

El decreto es contrario en aspectos formales y de fondo con parte de la normativa departamental en ordenamiento territorial, en especial de las directrices departamentales. Por ejemplo de las estrategias establecidas para el desarrollo urbano, que se pueden cambiar, pero que implica cambiarlas antes de modificar el Plan de Salto porque la modificación parcial debe ser concordante y subordinada al criterio general establecido por la Directrices Departamentales y el Plan Salto.

Por último una razón política no menor. A pesar de la magnitud del aumento de la superficie de suelo urbano y del consecuente aumento del costo de funcionamiento de la ciudad en un contexto que la Intendencia se manifiesta sin plata, se aprobó sin discusión pública. Tampoco lo discutieron nuestros representantes; los ediles lo votaron en menos de una hora y sin discusión previa.

No se generaron oportunidades reales para que los ciudadanos, que en definitiva en una democracia somos los “dueños” de los destinos la ciudad participáramos de este proceso.

Por eso, yo firmo.