El 27 de junio de 1973 marca en la historia del Uruguay una de sus fechas más sombrías: la disolución del Parlamento por parte del entonces presidente Juan María Bordaberry, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Este acto es reconocido ampliamente como el inicio formal de la dictadura cívico-militar que asolaría al país por más de una década. Sin embargo, el verdadero golpe de Estado ya se había consumado semanas antes, en los primeros días de febrero, cuando el poder militar desafió abiertamente la autoridad civil y le torció el brazo a Bordaberry en Boiso Lanza.

El 9 de junio fue el verdadero punto de quiebre institucional. Ese día, el Ejército y la Fuerza Aérea decidieron desconocer órdenes del presidente, ignorando abiertamente su investidura y subordinando su voluntad a un proyecto propio, ya en desarrollo, tal como lo había denunciado el Dr. Jorge Batlle- primer preso político- y el senador Amílcar Vasconcellos en valiente alegato.

El Vice Almirante Juan José Zorrilla

La situación era alarmante: los mandos militares habían comenzado a reunirse en forma autónoma, a emitir comunicados al margen del gobierno, y a manejar los hilos del poder con creciente influencia. Fue en ese contexto que el vicealmirante Juan José Zorrilla, comandante en jefe de la Armada Nacional, se erigió en una figura de dignidad y respeto constitucional. Zorrilla, en un acto de valentía institucional pocas veces igualado, se negó a acompañar la insubordinación militar. Honró su juramento de fidelidad a la Constitución y al orden legalmente constituido, enfrentándose no solo a sus colegas de uniforme, sino también al creciente autoritarismo civil que emanaba del propio presidente. El gesto de la Armada, al mando de Zorrilla, fue una de las últimas expresiones claras de apego a la legalidad antes del cierre definitivo de las instituciones.

¿Los defensores de las libertades? ¿Quienes?

Lo paradójico, y doloroso para la memoria democrática, es que en ese momento de inflexión crítica, amplios sectores políticos y sociales —que luego se presentarían como defensores de las libertades— apoyaron de manera explícita o tácita la avanzada militar. El Partido Comunista, sectores del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la mayoría del novel Frente Amplio y buena parte de la dirigencia sindical vieron con simpatía el “proceso” iniciado por las Fuerzas Armadas, convencidos de que podría derivar en una reestructuración profunda del Estado y en una “salida popular” a la crisis.

Avance militar en Febrero

Lo cierto es que al apoyar —o al menos no resistir— el avance militar en febrero, estos sectores contribuyeron, aunque fuera involuntariamente, al colapso del sistema democrático. Cuando finalmente reaccionaron, cuando intentaron frenar el cierre del Parlamento y convocar a una resistencia más amplia, era demasiado tarde. Los enemigos de la democracia ya se habían adueñado del poder. El 27 de junio no fue más que la confirmación formal de un proceso que venía gestándose desde tiempo atrás, y cuyo primer acto claro fue la insubordinación del 9 de febrero.

A partir de entonces, vendrían años muy oscuros para el Uruguay. Años de represión, de exilio, de presos políticos, de censura, de miedo. Años en los que el país perdió mucho más que instituciones: perdió confianza, convivencia y rumbo. Pero también fueron años en los que algunos gestos —como el de Zorrilla— recordaron que aún en los momentos más difíciles, siempre existen voces dispuestas a resistir.

A medio siglo de los acontecimientos...

Hoy, a más de medio siglo de aquellos acontecimientos, es fundamental recordar la historia con todas sus complejidades. Reconocer que el golpe no fue obra de un solo hombre, ni de un solo sector. Que la democracia no cae en un solo día, sino que se erosiona lentamente, con la complicidad del silencio o la ingenuidad de los que creen que pueden usar la fuerza en su favor sin ser devorados por ella. Porque solo así, con memoria completa, se construye un futuro verdaderamente democrático.