En el marco de una gira nacional, los dirigentes del Movimiento 26 de Marzo – Unidad Popular, Martín Andrada y Carlos Pérez, llegaron este jueves a Salto. La recorrida tiene como propósito tomar contacto directo con la militancia y con la ciudadanía en general, además de evaluar la realidad política del país y las perspectivas de su organización. Durante su paso nuestra ciudad y en diálogo con La Prensa, expresaron un fuerte descontento con el gobierno encabezado por Yamandú Orsi. A su entender, la actual administración ha confirmado las razones que motivaron en su momento la separación del Frente Amplio. Consideran que dentro del propio Frente existe hoy un creciente malestar entre sectores que esperaban un rumbo distinto, y ven allí la posibilidad de que empiece a gestarse por fuera de esa coalición una nueva fuerza de izquierda, de carácter genuinamente transformador. En ese escenario, el Movimiento 26 de Marzo busca fortalecer su estructura, sumar adhesiones y avanzar en una propuesta que les permita alcanzar representación parlamentaria en el futuro.

Críticas a la orientación económica

Los dirigentes consideran que el actual gobierno tiene un perfil neoliberal, con una conducción económica que responde más a intereses de mercado que a las necesidades populares. Según su visión, la influencia del ministro Oddone marca una orientación de derecha, centrada en la estabilidad macroeconómica y favorable a los grandes capitales, dejando de lado las políticas redistributivas que esperaban sectores progresistas.

Un ejemplo de política mal diseñada

Entre los ejemplos que mencionaron para fundamentar su postura, destacaron la reciente medida gubernamental de entregar 2.500 pesos anuales a los escolares de contextos vulnerables, destinados a la compra de útiles y mochilas. Desde su perspectiva, se trata de una política mal orientada, ya que muchas familias —ante la difícil situación económica— probablemente utilicen ese dinero para cubrir necesidades básicas como la alimentación. En cambio, proponen que el Estado asuma la producción y entrega directa de esos materiales, priorizando la utilización de materia prima y mano de obra nacional. De ese modo, la medida tendría un doble impacto: social y productivo.

Un presupuesto que califican de insuficiente

Otro de los puntos señalados fue el presupuesto nacional, al que definieron como magro en áreas sensibles. En particular, cuestionaron el bajo incremento asignado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que, según su visión, refleja una falta de compromiso real con la educación pública y con el desarrollo social del país.

Expectativas y exigencias

Consultados sobre el poco tiempo que lleva la actual administración, los dirigentes reconocen que el período es breve, pero entienden que el gobierno asumió con pleno conocimiento de la situación y con un conjunto de promesas que ahora deben empezar a concretarse. Consideran que es legítimo exigir el cumplimiento de esos compromisos, especialmente cuando se trata de políticas que afectan directamente a los sectores más postergados.