Una bomba de tiempo a punto de estallar

En los últimos meses, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en una preocupación nacional. Las señales de alarma se han encendido en todos los rincones del sistema profesional uruguayo, desde los consultorios médicos hasta los estudios jurídicos, y no es para menos: la caja podría dejar de pagar jubilaciones tan pronto como en junio o julio de este año.

Frente a este escenario, La Prensa reunió a dos referentes de la abogacía salteña: el Dr. Enrique Garbarini, Presidente de la Asociación de Abogados de Salto, y el Dr. Roberto Fioritti Ballista, integrante de dicha asociación y conocedor profundo del entramado legal y técnico que rodea esta crisis. La entrevista fue contundente, informativa y, sobre todo, urgente.

Una crisis con raíces profundas

La situación crítica de la CJPPU no es nueva, pero ha llegado a un punto límite. Según relató el Dr. Garbarini, el directorio de la caja ya había advertido en 2023 al entonces gobierno de Luis Lacalle Pou sobre una inminente cesación de pagos. En respuesta, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento, que finalmente fracasó en la Cámara de Diputados.

Con el cambio de gobierno, la historia se repite, pero con un agravante: el nuevo proyecto, actualmente en discusión en las comisiones parlamentarias, resulta aún más perjudicial para los profesionales, según afirman los entrevistados. “Tiene vicios de inconstitucionalidad y afectará negativamente tanto a activos como a jubilados”, denunció Garbarini.

Una reforma desequilibrada

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el aumento inmediato de los aportes que deberán realizar los profesionales. Actualmente, la tasa se ubica en el 18,5 %, pero la nueva ley propone elevarla al 22,5 % sin escalonamiento. Este incremento, aseguran, es abrupto y pone en jaque a muchos trabajadores independientes.

“El proyecto anterior contemplaba un aumento progresivo, lo cual era mucho más razonable”, explicó Fioritti. “Pero ahora se nos exige un salto inmediato que muchos colegas simplemente no pueden afrontar. Esto, lejos de resolver el problema, acelerará la evasión y el éxodo del sistema”.

Además, el proyecto contempla que los profesionales dependientes, que hoy aportan al BPS a través de sus empleadores, deriven una parte de sus aportes hacia la CJPPU. Aunque algunas gremiales están de acuerdo con esta medida, su implementación ha generado incertidumbre y confusión jurídica.

Cuatro pilares de una solución viable

Los abogados entrevistados coincidieron en que, si bien es necesario reformar la caja, debe hacerse de forma técnica, progresiva y con respaldo político y financiero del Estado. Desde la Asociación de Abogados de Salto, en coordinación con otras gremiales profesionales, han impulsado una propuesta basada en cuatro ejes fundamentales:

1. Aporte del Estado: Como garantía del sistema previsional, el Estado debe asumir parte de la carga financiera, tal como lo establece el artículo 67 de la Constitución.

2. Ajuste de timbres por el índice de medio salario, no por IPC: Vincular los timbres al IPC encarece los servicios profesionales y transfiere el costo a los ciudadanos.

3. Aumento escalonado de aportes: Evitar saltos abruptos que fomenten la evasión y el retiro del sistema.

4. Revisión del régimen para profesionales dependientes: Determinar con claridad qué parte de sus aportes puede destinarse a la caja profesional.

Estas propuestas han sido enviadas al Parlamento y, aunque algunas fueron reconocidas por el Poder Ejecutivo, hasta el momento las modificaciones introducidas son mínimas, según los gremios.

Timbrado: la doble carga para la ciudadanía

Una de las fuentes de ingresos de la CJPPU son los timbres profesionales, sellos que deben comprarse para realizar ciertos trámites legales, médicos, contables o técnicos. El problema es que, como explican los abogados, este costo termina siendo absorbido por los ciudadanos, quienes ya enfrentan una creciente presión fiscal.

Garbarini ilustró la situación con un ejemplo simple: “Hoy, para presentar un escrito sencillo ante un juzgado, se paga un timbre de $41. Con la nueva ley, ese costo podría duplicarse o más. Lo mismo pasará con las recetas médicas, informes contables y otros servicios. Es un impuesto encubierto a la población”.

Y no solo eso: la falta de escalonamiento en los aportes y el aumento indiscriminado de los timbres podría terminar afectando el acceso a la justicia, la salud y los servicios esenciales, convirtiendo esta crisis previsional en una crisis social.

¿Un préstamo salvador?

Como medida paliativa, el gobierno propuso autorizar a la CJPPU a solicitar un préstamo por hasta 300 millones de dólares, con garantía estatal. Sin embargo, tanto Garbarini como Fioritti se mostraron escépticos.

“¿Quién le presta a una institución que ya anunció su quiebra?”, se preguntó Fioritti. “Y si el Estado pone la garantía, ¿no somos todos los ciudadanos los que terminaremos pagando esa deuda?”. Esta lógica, advirtieron, es insostenible.

El otro agujero, la falta de control

La CJPPU enfrenta un problema tan grave como la falta de fondos: la evasión masiva. Se estima que hay unos 110.000 profesionales universitarios fuera del sistema, frente a los 62.000 que están inscriptos y en teoría activos.

“Pero ni siquiera sabemos si todos esos 62.000 aportan realmente”, subrayó Fioritti. “La caja no tiene controles suficientes. Hay declaraciones de ‘no ejercicio’ que no se fiscalizan, y sabemos que muchos colegas trabajan sin aportar. Es una bola de nieve.”

Este fenómeno afecta directamente la relación entre activos y pasivos. Aunque una proporción 3 a 1 (tres activos por cada pasivo) sería ideal, la realidad es muy diferente. Actualmente, hay unos 20.000 jubilados, pero con solo una fracción de los 62.000 activos realmente contribuyendo, el sistema es insostenible.

Un problema que trasciende a los profesionales

La crisis de la CJPPU no es solo un problema gremial o técnico. Es una amenaza directa a la estabilidad social. Como señalaron los abogados, cada pasivo representa un hogar, una familia que depende de esa jubilación para sobrevivir.

“Multipliquemos esos 20.000 pasivos por dos o más personas a su cargo. Estamos hablando de decenas de miles de uruguayos que podrían quedar desprotegidos”, alertó Garbarini. “Y si los profesionales dejan de trabajar por el costo insostenible de los timbres y los aportes, los usuarios de sus servicios también se verán perjudicados”. 

Contra el reloj

El tiempo corre. La CJPPU ya anunció que no podrá pagar jubilaciones más allá de julio. El Parlamento discute una ley que, según las gremiales, no resuelve el problema y podría agravarlo. Las propuestas de los profesionales han sido escuchadas, pero apenas integradas. “Estamos contra el reloj”, afirmó Garbarini. “Y la verdad, no sabemos si el gobierno está dispuesto a hacer las correcciones necesarias a tiempo”.