En los últimos meses, distintas intervenciones policiales han despertado controversias y denuncias por presunto abuso de autoridad. Las redes sociales, convertidas en testigos inmediatos, han mostrado imágenes que interpelan a la sociedad: ciudadanos enfrentando a funcionarios en situaciones donde se difumina la frontera entre el cumplimiento legítimo de la ley y el exceso en el uso de la fuerza.

Para comprender mejor el marco legal y conocer cuáles son las herramientas que tiene la ciudadanía frente a eventuales abusos, dialogamos con el Dr. Claudio Opazzo, reconocido penalista, quien aporta claves jurídicas para entender estos escenarios.

El marco legal: gradualidad y límites

Según explicó el especialista, la Ley Orgánica Policial establece cómo y cuándo puede utilizarse la fuerza. Se trata de un proceso gradual: primero el diálogo, luego medidas de contención, y solo en casos extremos la utilización de armas no letales o de fuego. “Cuando la persona ya está calmada y detenida, no hay justificación alguna para continuar con el uso de la fuerza. Ese sería un exceso”, señaló Opazzo. El problema, admite, es que en la práctica los límites suelen volverse difusos y es allí donde se generan las controversias.

El Desacato

El abogado recordó que las reformas introducidas en los últimos años endurecieron la figura del “desacato”. Antes se entendía únicamente como desobediencia grave o confrontación física; hoy puede incluir hasta el insulto. Esto, advierte, acercó peligrosamente la línea que separa la protesta legítima de un delito.

¿Cuándo se configura el abuso?

Opazzo fue categórico: si una persona está reducida, esposada o en estado de indefensión, cualquier golpe o maltrato posterior constituye abuso. “Aunque haya cometido un delito grave, la policía no puede recurrir a la violencia. Volveríamos a prácticas propias de hace dos siglos, cuando se torturaba al detenido para arrancar confesiones”, apuntó. Respecto al uso de armas de fuego, aclaró que la ley solo lo autoriza en casos de peligro inminente. Los policías que actúan en vehículos particulares deben identificarse con chaleco o distintivos claros; de lo contrario, se arriesgan a vulnerar garantías básicas.

El derecho a grabar

Uno de los temas que más debate genera es la posibilidad de que los ciudadanos filmen los operativos. ¿Se puede? Sí, afirma el penalista, siempre y cuando no se entorpezca la labor policial. “Si estoy a diez metros grabando, está permitido. Si me pongo en el medio de un arresto, puedo incurrir en desacato”, explicó. El valor de esas grabaciones es significativo: pueden ser presentadas como prueba en un juicio penal. Incluso, en algunos casos, videos de vecinos han desmentido versiones oficiales. Sin embargo, advierte Opazzo, la edición de fragmentos puede generar dudas, por lo que los jueces suelen exigir el material completo y en su formato original. La policía también utiliza cámaras GoPro en procedimientos. Aunque estas grabaciones son un medio de prueba válido, existe desconfianza cuando solo se difunden segmentos convenientes. Por eso la defensa o la fiscalía tienen derecho a exigir el registro íntegro y verificar la cadena de custodia.

Garantías para todos

El uso de cámaras, tanto de la policía como de los ciudadanos, debería entenderse como una garantía compartida. Para el detenido, porque puede demostrar si hubo irregularidades. Para el propio funcionario, porque lo protege de acusaciones infundadas. El penalista recomendó que, en caso de filmar un operativo, los ciudadanos lo hagan sin confrontar ni interferir. “Lo mejor es registrar de manera discreta, sin discutir con la autoridad. La grabación puede servir después como evidencia”, aconsejó.

Un debate vigente

Los testimonios y videos que circulan en redes han puesto en el centro de la discusión la relación entre autoridad y derechos ciudadanos. Como recordó Opazzo, la cuestión no es nueva: “Siempre hubo denuncias de abuso. No toda la policía actúa igual, pero los excesos existen y deben ser analizados en cada caso concreto”.

Derechos y límites

La ciudadanía, por su parte, debe conocer cuáles son sus derechos y los límites de la actuación policial. Filmaciones, testimonios y la actuación rápida de la defensa son herramientas fundamentales para garantizar justicia. En definitiva, el debate sobre el uso de la fuerza no solo atañe a la policía, sino a toda la sociedad. Comprender los límites legales y exigir que se respeten es parte esencial de la vida democrática. Porque el equilibrio entre autoridad y libertad no puede basarse en la violencia, sino en la ley.