En octubre de 2023, la Intendencia de Salto, encabezada por el intendente Andrés Lima y el secretario general Gustavo Chirif, respondió a un pedido de acceso a la información pública que arroja luz sobre la entrega de terrenos a cooperativas de vivienda en el departamento. Esta respuesta, que se mantuvo sin difusión pública hasta ahora, forma parte de una investigación más amplia y revela aspectos fundamentales sobre el funcionamiento del sistema cooperativo vinculado a la vivienda social.

Según el documento oficial, la Intendencia ha entregado terrenos, específicamente en el padrón de mayor área número 38472, conocido como la ex chacra municipal, a cooperativas con personería jurídica, pero con el compromiso explícito de no construir en aquellos lotes que aún no cuentan con los servicios básicos. Esta condición fue establecida en el punto 2 del informe, subrayando que el avance de obras está sujeto a la instalación previa de infraestructura esencial.

Además, se detalla que las cooperativas beneficiadas se presentan legalmente constituidas como personas jurídicas. Por esta razón, la Intendencia sostiene que no es necesario identificar a sus integrantes individuales, ya que los representantes pueden variar con el tiempo, y además se protege su identidad bajo la Ley 18.331 de protección de datos personales.

También se aclara que, mientras los terrenos no cuenten con servicios, las cooperativas reciben un permiso de uso, y no el comodato definitivo, el cual se entregaría una vez cumplidas las condiciones técnicas. Durante ese período, la Intendencia pone a disposición un equipo técnico para acompañar el proceso.

Sin embargo, esta versión oficial contrasta con los testimonios de varios cooperativistas, quienes afirman que el proceso de formación de cooperativas no fue tan independiente como se declara. Según relatan, muchas cooperativas se organizaron en locales del Frente Amplio, y varios participantes aseguran que fueron presionados a militar activamente en apoyo al partido político.

Se recuerda, incluso, un audio que circuló en redes sociales en el que un referente les pedía "ponerle el hombro" a la militancia, participar de actos partidarios y asistir a barriadas, insinuando que su continuidad dentro de la cooperativa podía depender de ese nivel de compromiso político. Esta situación ha despertado preocupación en diversos sectores, ya que podría implicar un uso partidario de la necesidad de acceso a la vivienda.

El documento fechado el 3 de octubre de 2023 y firmado por las máximas autoridades de la Intendencia de Salto, refuerza que la entrega de terrenos se realiza bajo criterios jurídicos y administrativos. No obstante, los relatos de los cooperativistas suman otra dimensión al debate, y plantean preguntas sobre la transparencia y la equidad del procedimiento.

¿Fue realmente un proceso técnico y justo? ¿O se mezclaron las necesidades habitacionales con intereses políticos? Hoy, con la documentación oficial sobre la mesa y los testimonios que emergen, el tema vuelve al centro de la discusión pública.