En Uruguay, existe una confusión común entre la ciudadanía sobre el rol de la Fiscalía y su relación con el Poder Judicial. Durante una entrevista, el Dr. José Luis Camejo, presidente de la Asociación de Abogados de Salto, aclaró esta diferencia y abordó algunas de las problemáticas actuales del sistema penal. Cabe destacar que, si bien el Dr. Camejo ocupa actualmente la presidencia de la Asociación de Abogados de Salto, esta entrevista fue concedida de manera personal e individual, sin mezclar su postura con la institucionalidad de la asociación.

 Fiscalía y Poder Judicial: ¿Son lo mismo?

 Uno de los puntos más importantes que destacó el Dr. Camejo es que la Fiscalía no integra el Poder Judicial. “El Poder Judicial es un poder independiente que es una pieza de los tres poderes que forman el sistema republicano de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, detalló.

Mientras que los jueces y tribunales forman parte del Poder Judicial, la Fiscalía opera de manera autónoma y depende del Fiscal General de la Nación. “La Fiscalía está como servicio descentralizado y el servicio descentralizado son funcionarios públicos”, afirmó.

Esta estructura ha generado debates, especialmente en relación con la independencia del Fiscal General y su proceso de designación, ya que es nombrado por acuerdo político y tiene un mandato de 10 años.

 Las demoras en las investigaciones fiscales

Otro problema destacado en la entrevista fue la falta de plazos definidos en el proceso penal. “Hay investigaciones que pasan tres, cuatro, cinco años investigando y no hay formalización, no hay un plazo que exija a la Fiscalía”, criticó el Dr. Camejo.

Según explicó, la Fiscalía tiene la potestad de investigar sin un límite de tiempo estricto, lo que puede generar incertidumbre en los ciudadanos que presentan denuncias o son objeto de investigación. “Mientras la Fiscalía no hace una acusación o pide una formalización, no viene ningún juez”, agregó.

Para muchos, este vacío legal permite que las causas se extiendan innecesariamente, afectando el derecho a una justicia rápida y eficiente.

 Acuerdos con la Fiscalía: ¿Justicia o presión?

Una de las cuestiones más polémicas del nuevo sistema penal es la estrategia de la Fiscalía para lograr acuerdos con los imputados. “Nos vemos en la encrucijada de decirle al cliente: ‘No hagas el acuerdo con Fiscalía, no aceptes la culpa, pero lamentablemente te van a pedir la prisión preventiva’”, expresó el Dr. Camejo.

Según él, la amenaza de prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo de presión para forzar acuerdos con los acusados, quienes muchas veces prefieren declararse culpables antes que afrontar meses de detención. “Entre comillas, a veces se podría tomar como una extorsión”, afirmó.

Este método ha generado críticas, ya que puede llevar a condenas sin un juicio adecuado y a decisiones tomadas bajo coacción, en lugar de basadas en pruebas contundentes.

La influencia política en la Fiscalía

Por último, el Dr. Camejo advirtió sobre la politización de la Fiscalía. “Si el fiscal general de la Nación está politizado y además está controlado por el Poder Ejecutivo, terminó siendo peor de lo que era antes”, sostuvo.

Según explicó, la designación del Fiscal General y la falta de controles claros pueden afectar la objetividad de las investigaciones. “La Fiscalía tiene un poder impresionante, lo que dice Fiscalía es lo que va a pasar”, advirtió.

Además, cuestionó el criterio con el que se manejan ciertos casos, afirmando que algunas decisiones parecen responder a intereses políticos más que a criterios jurídicos.

El Dr. Camejo dejó en claro la importancia de diferenciar entre Fiscalía y Poder Judicial, ya que sus funciones y estructuras son distintas. Sin embargo, los problemas de independencia, los plazos indefinidos en las investigaciones y el uso de la prisión preventiva como herramienta de presión siguen siendo desafíos que afectan el acceso a una justicia justa y transparente en Uruguay.

“Es importante que la población tenga claro cómo son las cosas y no se confunda”, concluyó.