LA PRENSA dialogó con el asesor jurídico de la persona que aparentemente fue agredida por funcionarios policiales en un procedimiento ocurrido en el barrio Salto Nuevo. El caso, que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Primer Turno, involucra no solo un presunto abuso policial, sino también una omisión de asistencia médica por parte del personal de salud.

El abogado Gabriel Cartagena, patrocinante del joven afectado, explicó que todo comenzó durante la madrugada del domingo, cuando su cliente fue detenido en un operativo de control. Según el letrado, el joven fue golpeado después de estar ya reducido, esposado y en el piso. Una funcionaria de la Policía le habría arrojado gas pimienta directamente en el rostro, causando lesiones oculares y otras marcas físicas.

Pero eso no fue lo único grave

Cuando fue trasladado al Hospital Regional de Salto, el joven nunca bajó del móvil policial. A pesar de eso, un médico firmó un certificado diciendo que no tenía lesiones. “El policía le dijo a mi cliente que el médico lo estaba viendo por GPS”, declaró el Dr. Cartagena, visiblemente indignado.

Secuelas

Posteriormente, ya en libertad y tras orden judicial, el joven fue revisado en la emergencia del mismo hospital, donde sí se constataron las lesiones. Actualmente, continúa bajo tratamiento por dolores persistentes, incluyendo un zumbido en el oído producto de un golpe.

Lo tenían marcado

El abogado también relató un dato inquietante: su cliente había grabado un video días antes donde aparecían los mismos policías denunciados actuando con violencia en otro procedimiento. “Lo tenían marcado”, dijo Cartagena, y agregó que le borraron archivos del teléfono, aunque luego pudieron recuperarlos.

Violación de los derechos humanos

Además, expresó su preocupación por la integridad del joven y de los testigos, solicitando declarar ante Fiscalía y no ante la Policía por razones de seguridad. “Es una clara violación de los derechos humanos. No podemos permitir esto en una sociedad democrática”, afirmó.

Acciones civiles

El juez de garantías actuó rápidamente y otorgó la libertad del joven detenido, considerando que su arresto no cumplía con los requisitos legales. La defensa ya está preparando acciones civiles contra el Ministerio del Interior y el hospital por los hechos ocurridos. El caso ha generado fuerte repercusión  y muchas preguntas sobre los controles internos en los cuerpos policiales y en el sistema de salud. Desde LA PRENSA seguiremos este caso de cerca, esperando que se esclarezca lo sucedido y que, de confirmarse las presuntas irregularidades, haya sanciones ejemplares. La confianza en las instituciones se construye con transparencia, respeto y justicia.