A lo largo de la historia reciente de América Latina, las dictaduras han dejado cicatrices profundas, marcando generaciones enteras con el peso del autoritarismo, la censura y el miedo. Uruguay no fue la excepción. Quienes atravesamos nuestra adolescencia y juventud bajo un régimen de facto conocemos, en carne propia, lo que significa vivir bajo gobiernos de mandones, donde la libertad se restringe y la dignidad humana se ve constantemente amenazada. Esa experiencia, lejos de relativizar otros procesos, debería impulsarnos a condenar con mayor firmeza cualquier forma de dictadura, sin importar su signo ideológico.

Sin derechos

En este sentido, la situación de Cuba representa uno de los ejemplos más persistentes y preocupantes de autoritarismo en la región. A más de seis décadas del establecimiento del régimen comunista, el pueblo cubano continúa privado de derechos fundamentales que en otras latitudes, incluso tras procesos traumáticos, han logrado recuperarse. La comparación con Uruguay, lejos de ser complaciente con nuestro propio pasado, permite dimensionar la gravedad del caso cubano.

La dictadura uruguaya

Durante la dictadura uruguaya (1973-1985), hubo persecución política, presos, exiliados y una fuerte censura. Sin embargo, incluso en ese contexto, subsistieron ciertos espacios de expresión. Existían medios de prensa privados —radios, canales de televisión, diarios y semanarios— que, con limitaciones e intimidaciones, lograban mantener alguna pluralidad informativa. No se trata de justificar ni suavizar lo ocurrido, sino de reconocer que, aun en un escenario oscuro, persistían resquicios de diversidad.

No hay prensa libre

En Cuba, en cambio, la realidad es sustancialmente distinta. No existen medios de comunicación independientes. Toda la información está controlada por el Estado, que decide qué se dice, cómo se dice y cuándo se dice. La ausencia de prensa libre no es un detalle menor: constituye uno de los pilares de un sistema que impide el debate, la crítica y la construcción de una ciudadanía informada. Cualquier intento de expresión disonante es rápidamente sofocado, muchas veces con detenciones, hostigamiento o cárcel.

La disidencia

Este control absoluto de la palabra se complementa con un entramado político que no admite la alternancia ni la oposición real. La disidencia no es vista como una parte legítima de la vida democrática, sino como una amenaza a ser neutralizada. Así, el ciudadano común queda reducido a un rol pasivo, sin herramientas efectivas para incidir en el rumbo de su país.

Quienes hemos vivido bajo el peso del autoritarismo sabemos que no hay dictaduras “buenas” ni justificables. Por eso resulta especialmente preocupante cuando sectores políticos democráticos muestran simpatía o indulgencia hacia regímenes que, como el cubano, vulneran sistemáticamente los derechos humanos. La coherencia ética exige condenar todas las dictaduras con la misma firmeza, sin dobles estándares ni relativizaciones.

El pueblo cubano ha soportado durante generaciones restricciones severas a su libertad de expresión, de asociación y de movimiento. A ello se suman dificultades económicas persistentes que agravan aún más la situación cotidiana. No se trata solo de un problema político, sino también humanitario.

Defender la libertad y la dignidad humana

Ya es hora de que la comunidad internacional, y en particular las sociedades latinoamericanas que han recuperado la democracia, eleven su voz con claridad. La defensa de la libertad y la dignidad humana no puede ser selectivas. Cuba merece un futuro distinto, donde sus ciudadanos puedan expresarse sin miedo, elegir a sus gobernantes y construir su destino en libertad. Condenar el autoritarismo no es un acto ideológico, sino un compromiso moral. Y ese compromiso, para quienes conocimos de cerca el silencio impuesto y la libertad recortada, no admite vacilaciones.