Reformar el Código del Proceso Penal fue una necesidad que el gobierno de Yamandú Orsi alentó ni bien asumió, formando un grupo de trabajo integrado por especialistas y operadores de todo el sistema judicial, llegando a un resultado que ahora será analizado en el Parlamento, donde se informó se enviará la próxima semana.

El gobierno confía en el "respaldo técnico doctrinario" de este proyecto, destacando, que trabajaron representantes de todas las instituciones involucradas en el sistema, y expertos, con un consenso alcanzado tras intensos y fructíferos debates.

Oposición; nada con Jorge Diaz 

Lo señalado, es clave, ya que en el Parlamento, todo proyecto del Poder Ejecutivo en su paso por Diptados, necesita ser negociado con la oposición, porque el Frente Amplio no tiene mayorias. Conociendose que la Coalición Republicana,  de acuerdo a lo publicamente manifestado por dos de sus referentes, los senadores Javier García (Blanco) y Andrés Ojeda (Colorado), de que toda acción o medida que provenga o esté ligada a Jorge Díaz será, como mínimo, observada con recelo.

Cambios que proponen oficialismo y oposición

La reforma propone varios cambios a las actuales reglas, especialmente de las investigaciones penales, como por ejemplo que las indagatorias antes de la formalización deben tener una "duración razonable" y no extenderse indefinidamente en el tiempo, una instrucción precisa de que los fiscales no presenten a los imputados "públicamente como culpables" y un refuerzo a las potestades de las víctimas —que como ya se verá en la oposición se propone avanzar aún más en esta dirección.

Por otra parte, desde el oficialismo se proponen que el castigo que hoy reciben delincuentes condenados por delitos graves, de acuerdo a la  vigente  Ley de Urgente Consideración,  se derogue la "inaplicabilidad de la libertad vigilada" establecimiento como mínimo, que el condenado haya cumplido "tres cuartas partes de la pena impuesta". Desde el gobierno, se reconoce que su propuesta  sufrirá "modificaciones" en el Parlamento, como pasa "con todo proyecto de ley", por lo que finalmente, será muy distinto cuando se transforme en ley,

Desde la oposición por su parte, habrá propuestas a conversar, como la introducción de la figura del querellante, algo que en la Torre Ejecutiva no ven con malos ojos. Planteo, que proviene del senador Andrés  Ojeda,  que consiste en darle a la víctima un estatus más elevado y una mayor capacidad de participación en los procesos penales, lo que puede abrirle puertas en los casos en que los fiscales no prioricen los casos o tenga una visión contrapuesta en la causa.

Sobre la prioridad que se le dará a la iniciativa, el senador García sostuvo que no veía "ningún compromiso" en particular, y que era "un más" que se sumaba al del Colegio de Abogados y a otro que "la Asociación de Abogados Penalistas está elaborando".

Gobierno quiere comenzar  por Diputados…

Desde Torre Ejecutiva, la intención, es que esta reforma del CPP, comience a ser tratada en Diputados, lo que ya se sabe, generaría su rechazo. Algo que la senador  Gabriela Bianchi, calificó duramente: "Sería una descortesía que viniendo de Jorge Díaz no me sorprende, pero es una perla más al collar, un desconocimiento de las normas básicas del relacionamiento con el Poder Legislativo", sostuvo la legisladora, molesta porque, a su entender, dar ese paso es desconocer el trabajo que se hizo en la comisión de Constitución y Código del Senado que ella y Ojeda integran.