El edil de la Coalición Republicana,F acundo Marziotte, presentó ante la Junta Departamental de Salto una propuesta dirigida al Ejecutivo para abrir un período de regularización de construcciones irregulares.

La iniciativa surge, según explicó, de múltiples planteos vecinales, “Esto viene de la gente hacia nosotros, que es lo más importante”. En muchos casos, los salteños se ven imposibilitados de vender o heredar una propiedad porque existen edificaciones desde una barbacoa hasta un alero o un galpón que nunca fueron declaradas. “Hay vecinos que me dijeron, me perdí un negocio porque no tenía la regularización”, señaló Marziotte, aludiendo a un problema que afecta tanto a quienes hicieron ampliaciones menores como a quienes construyeron viviendas enteras sin el trámite formal.

El trasfondo del problema

Las irregularidades no solo afectan al propietario individual, sino también a la propia Intendencia, que deja de percibir ingresos genuinos. Obras que deberían tributar como edificadas pagan aún como terreno baldío, generando una distorsión en la recaudación.

El edil reconoce que la falta de control histórico es parte de la explicación: “Seguramente ese sea uno de los grandes ‘por qué’. Ha faltado control en su momento y eso generó el problema que tenemos hoy”.

Actualmente, existen miles de inmuebles en esta situación. Aunque no hay cifras definitivas, la Intendencia está elaborando un relevamiento para dimensionar el alcance real del fenómeno.

Una oportunidad, no una obligación

Marziotte enfatizó que la propuesta no implica un nuevo impuesto ni un régimen obligatorio. Por el contrario, se trata de brindar facilidades para quienes voluntariamente decidan regularizar: planes de pago en cuotas accesibles, exoneración parcial o total de multas y recargos por mora, un plazo determinado para adherirse al régimen.

“Esto no es un impuesto nuevo ni una obligatoriedad. Es una oportunidad. Queremos dar facilidades a los salteños a través de cuotas y quita de recargos”, explicó el edil.

El espíritu es “ganar-ganar”: el vecino logra poner en regla su situación y la Intendencia percibe ingresos que de otra forma serían incobrables.

Igualdad entre quienes cumplieron y quienes no

Uno de los puntos más delicados es la percepción de injusticia por parte de quienes sí declararon y pagaron sus obras desde el inicio.

Marziotte admitió que la regularización puede generar reparos: “Sé que pensar en un punto cero donde todos cumplan es una utopía. Pero debemos buscar igualdad para después arrancar de nuevo. Esta oportunidad debe tener principio y fin, porque no puede quedar abierta indefinidamente”.

El edil insistió en que la medida no busca “premiar” al incumplidor, sino resolver un problema estructural que hoy afecta a todo el departamento, incluso al propio ordenamiento territorial.

Requisitos para la regularización

Los vecinos interesados deberán cumplir con requisitos técnicos, como la presentación de planos firmados por un profesional habilitado, además de realizar el trámite formal ante la Intendencia.

La adhesión será voluntaria: no habrá fiscalización puerta a puerta ni inspecciones forzadas. “No es una cacería de brujas. Al revés: queremos tender la mano y dar una solución viable. Será el propio salteño quien se acerque a la Intendencia a adherirse cuando el plan esté en marcha”, aclaró Marziotte.

Un plazo acotado y definido

La propuesta contempla un plazo determinado para adherirse al régimen, aunque será la Intendencia la que defina su duración exacta. Podría ir de algunos meses a más de un año, según los estudios que se realicen sobre la magnitud del problema.

El edil expresó su aspiración de que el plan esté vigente antes de fin de año. Para ello, el Ejecutivo debe enviar el proyecto definitivo a la Junta Departamental, donde será sometido a votación.

Impacto esperado

De concretarse, la medida tendría múltiples efectos positivos: Para los vecinos, la posibilidad de vender, heredar o disponer libremente de sus propiedades sin trabas legales. Para la Intendencia, una nueva fuente de ingresos genuinos que hasta ahora permanecían incobrables. Para el departamento, mayor orden en el uso del suelo y en el plan de ordenamiento territorial, clave para planificar el crecimiento urbano.

Marziotte fue enfático: “No estamos proponiendo nada nuevo. Estamos facilitando algo que ya existe. Es regularizar lo que se hizo mal en su momento, pero de una manera justa y accesible”.

Un debate sobre el rol de la Junta

Más allá de esta propuesta puntual, el edil aprovechó para reflexionar sobre el rol de la Junta Departamental y la necesidad de revalorizar la tarea de los ediles.

“Hay que abrir las puertas de la Junta a la población. Mucha gente ni siquiera sabe qué hacemos los ediles. Piensan que cobramos sueldo, y no es así. Tenemos que mostrar más el trabajo, usar redes sociales, transmitir en vivo, llegar a la gente”, afirmó.

En este sentido, destacó que recientemente la Junta transmitió por primera vez en Facebook, lo que consideró un avance hacia la modernización institucional.

Mirando hacia adelante

La regularización de construcciones irregulares se perfila como uno de los debates centrales del departamento en los próximos meses.

La propuesta de Marziotte ya cuenta con respaldo positivo dentro del Ejecutivo, tanto del Director de Hacienda como del Secretario General de la Intendencia, lo que anticipa un camino favorable para su aprobación.

El edil señaló que la medida no solo busca resolver un problema económico y legal, sino también preparar al departamento para su futuro: “Salto está creciendo y debemos estar preparados. Eso significa igualarnos y ponernos al día, ordenando lo que hoy está en desorden”.

Solución

La iniciativa de regularización de obras irregulares en Salto representa una posibilidad concreta de solución a un problema enquistado desde hace décadas. No se trata de castigar ni de imponer nuevos tributos, sino de ofrecer una vía accesible para que los salteños puedan estar en regla, al tiempo que la Intendencia mejora su recaudación y planificación.

En un contexto de crecimiento urbano y nuevas inversiones, el ordenamiento del territorio y la igualdad de condiciones entre contribuyentes se vuelven fundamentales. El desafío, como admitió el edil, será encontrar el equilibrio entre justicia, practicidad y voluntad política.