En la ciudad de Salto, dos temas sensibles y muy actuales marcan el debate público y político: la denuncia presentada por el sindicato de trabajadores municipales, ADEOMS, contra la Intendencia, y la discusión nacional sobre la edad mínima para contraer matrimonio. Ambos asuntos ponen en foco el papel de la Junta Departamental y la mirada crítica de uno de sus ediles, el Dr. Cristian Suárez, representante del Partido Nacional.

La denuncia de ADEOMS llegó a la Junta Departamental de Salto con inquietudes importantes. El sindicato cuestiona la validez de un convenio firmado con la Intendencia que afecta a casi 300 trabajadores, especialmente en aspectos como ascensos, presupuestaciones y estabilidad laboral. Sin embargo, según Suárez, la denuncia fue sorpresiva y su contenido escaso, con apenas tres páginas que no profundizan suficientemente en los argumentos legales ni técnicos.

Suárez destacó que el convenio cuestionado parece haber incumplido con procedimientos establecidos que garantizan la transparencia y legalidad en la administración pública. En especial, señala que el convenio no pasó por la Junta ni por el Tribunal de Cuentas, instancias obligatorias cuando el convenio involucra recursos del Estado o afecta la estructura del trabajo municipal. Por tanto, puede considerarse que viola la Constitución porque no respetó el debido procedimiento.

En ambos lados del mostrador

Un tema que también generó la interrogante fue la participación del ex asesor jurídico del Gobierno de Andrés Lima Dr. Jorge Libardi, quien durante el período en que estuvo trabajando con el gobierno fue uno de los responsables del polémico convenio con ADEOMS. Posteriormente, al perder el gobierno, Libardi comenzó a asesorar y defender la postura del sindicato en su reclamo contra ese mismo convenio. En la entrevista le consultamos al edil Cristian Suárez sobre esta situación, y él comentó que, aunque puede parecer una contradicción desde lo político, legalmente no hay impedimento para que un profesional del derecho asesore a diferentes partes en distintos momentos, siempre que no exista un contrato de confidencialidad vigente o cláusulas que lo prohíban. Por tanto, no ve inconvenientes en su rol actual defendiendo al sindicato, ya que se trata de un ejercicio legítimo del derecho y la asesoría legal.

El edil enfatiza que la Junta Departamental es la casa de todos los salteños y un espacio donde se deben recibir denuncias y analizar normativas con rigor, pero aclara que no actúa como mediadora en negociaciones sindicales. El diálogo y la negociación deben darse directamente entre la Intendencia y ADEOMS.

Opiniones y percepciones sobre ADEOMS y su estrategia

Desde la perspectiva de Suárez, la organización sindical ha perdido parte de la fuerza que tenía ante la opinión pública debido a medidas que parecen poco contundentes o efectivas. La suspensión de un paro, por ejemplo, refleja debilidades internas o dificultades para sostener la presión. No obstante, existe la esperanza que este momento de calma pueda favorecer el acercamiento y la negociación entre el sindicato y las autoridades municipales.

Sobre la intervención del Ministerio de Trabajo en este caso, Suárez aclara que este organismo solo registra convenios colectivos. No los homologa ni les otorga validez judicial automáticamente. Su función es más bien administrativa y mediadora, pero la responsabilidad directa de las negociaciones es del gobierno departamental y los sindicatos involucrados.

Un debate nacional: Casarse a los 18 años

Paralelamente , en Uruguay se discute una reforma legal que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, eliminando la posibilidad vigente de hacerlo a los 16 con consentimiento. El proyecto ya cuenta con un amplio respaldo político y se espera su aprobación definitiva en el Parlamento.

El Dr. Cristian Suárez aporta una mirada crítica pero equilibrada sobre este cambio. Reconoce que la iniciativa apunta a proteger a niños y adolescentes, alineándose con convenios internacionales y evitando problemas como embarazos precoces y abandono escolar. Asimismo, intenta impedir relaciones desiguales de poder entre personas con grandes diferencias de edad.

Sin embargo, Suárez advierte que elevar la edad mínima por sí sola no resolverá estos problemas sociales complejos. Para él, la clave está en políticas públicas integrales que impulsen la educación sexual, el apoyo social y la prevención desde los ámbitos escolares y comunitarios.

Además, el Código de la Niñez y Adolescencia uruguayo contempla la capacidad progresiva de autonomía en jóvenes entre 16 y 18 años. Esto significa que, bajo ciertos criterios de madurez y estabilidad, el juez puede autorizar un matrimonio, protegiendo siempre el interés superior del niño.

El edil señala también algunos riesgos de limitar derechos con esta nueva norma, pues jóvenes maduros podrían verse impedidos de formalizar su unión legalmente. Por otro lado, la medida no evita que parejas jóvenes convivan sin casarse, por lo cual no soluciona realmente la problemática que pretende abordar.