Pablo Perna, secretario general de la Junta Departamental de Salto, es un testigo directo y defensor de los funcionarios cesados desde 2015. En esta entrevista comparte la compleja situación que vive el departamento con la reciente decisión de cesar a 291 empleados. Aunque la medida sea dolorosa, Perna recuerda que era una decisión  para ordenar las finanzas públicas locales y evitar un colapso económico aún mayor.

El costo económico y el origen de los ceses

El principal motivo para cesar a estos funcionarios fue el costo insostenible que representaban para la intendencia: medio millón de dólares mensuales, lo que se traduce en seis millones de dólares anuales. Muchos de esos empleados fueron contratados de manera directa y política, sin concursos ni sorteos, lo que generó una estructura arbitraria y costosa que afectó la gestión financiera del departamento. Según Perna, estas contrataciones directas representan un gasto que Salto no podía continuar afrontando.

La deuda financiera heredada y la línea de crédito

La situación económica de Salto lleva años siendo compleja. Cuando finalizó el gobierno de Germán Coutinho en 2015, la deuda del departamento era de 38 millones de dólares. Para cubrir esta deuda se aprobó, a través de la Junta Departamental, una línea de crédito por 40 millones de dólares en un fideicomiso, que incluso dejó un remanente destinado a inversiones. Esta línea de crédito tenía un periodo de gracia de dos años y debía pagarse en 15 años. Perna destaca que ese crédito y la deuda estaban documentados y que la intendencia tenía los recursos para pagar sus obligaciones. Sin embargo, según él, esos recursos no se gestionaron correctamente ni se usaron para pagar a proveedores y funcionarios anteriores, sino que se retuvieron para instalar una narrativa de crisis económica.

La gestión posterior y la deuda creciente

La administración que siguió, liderada por Andrés Lima, dejó una deuda aún mayor, que al final alcanzó los 62 millones de dólares, aumentando el pasivo del departamento en casi 20 millones más que la deuda heredada. Esta deuda creciente limitó severamente las posibilidades financieras de la intendencia actual y aumentó la presión para tomar decisiones fuertes como los 291 ceses.

Contexto político y sindical complicado

Perna critica la postura del sindicato Adeoms, que históricamente defendía que solo los funcionarios que ingresaban por concurso y con antigüedad tenían estabilidad laboral, pero que, tras perder las elecciones, apoyó un convenio colectivo que amplió esa estabilidad a muchos funcionarios designados directamente. Esta acción, según Perna, fue una maniobra política para proteger cargos que estaban en riesgo y complicó aún más la situación económica y administrativa. Además, denuncia que hubo una alianza entre el sindicato y el gobierno de Lima en la que se permitía que muchos funcionarios usaran excesivamente horas sindicales, dejando de cumplir con sus funciones y agravando el déficit de trabajo efectivo.

Consecuencias 

El impacto en las 291 familias afectadas es profundo y doloroso. Perna expresa que entiende a los cesados, especialmente a quienes son víctimas de decisiones políticas, y reconoce el sufrimiento que implica perder el empleo. Aunque sostiene que la medida era necesaria, sabe que no es fácil de aceptar para los afectados ni para el gobierno que la tomó. Asimismo, subraya que los costos económicos no podían seguir creciendo sin límite, ya que el gasto excesivo en sueldos directos impide mejorar los servicios públicos y avanzar en obras necesarias para la ciudad.