Pablo Perna, secretario general de la Junta Departamental de Salto, es un testigo directo y defensor de los funcionarios cesados desde 2015. En esta entrevista comparte la compleja situación que vive el departamento con la reciente decisión de cesar a 291 empleados. Aunque la medida sea dolorosa, Perna recuerda que era una decisión  para ordenar las finanzas públicas locales y evitar un colapso económico aún mayor.