El dirigente del Frente Amplio, Gabriel Scavino, hizo pública una reflexión que llegó a esta redacción y que hoy compartimos por el debate que plantea. Sus palabras surgen luego de que el Gobierno Departamental anunciara como “un triunfo” la habilitación del decreto que regula los barrios privados, tras la caída del recurso presentado por organizaciones sociales. Pero la pregunta que deja planteada no es menor: ¿triunfo para quién?

UN ANUNCIO QUE GENERÓ REACCIONES

Días atrás, las autoridades departamentales celebraron públicamente que el decreto quedara firme. El argumento fue claro: al no prosperar el recurso presentado ante la Cámara de Representantes, la normativa sigue vigente. Sin embargo, desde otra mirada, el cierre del tema no deja certezas, sino dudas. Para quienes impulsaron el recurso, no hubo una resolución de fondo, sino que simplemente se dejaron correr los plazos hasta que el planteo perdió vigencia.

ANTECEDENTES QUE INVITAN A PENSAR

En su reflexión, Scavino recuerda que no es la primera vez que se habla de barrios privados en Salto. Desde el año 2013 ya existen zonas habilitadas para este tipo de desarrollos, especialmente en el área de Termas del Daymán. A pesar de los anuncios de inversiones importantes en aquel momento, lo cierto es que esos proyectos nunca se concretaron. No hubo hoteles cinco estrellas ni grandes desarrollos turísticos. Lo que sí ocurrió, según señala, fue un aumento fuerte en el valor de los terrenos tras su recategorización.

UNA EXPANSIÓN QUE GENERA DUDAS

El punto central del planteo está en el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial. El decreto amplía en más de 400 hectáreas el área urbana de la ciudad, en una zona cercana al arroyo San Antonio. Se trata de un lugar considerado ambientalmente frágil, y en una ciudad que, según se señala, ya cuenta con muchas áreas sin urbanizar y con poco crecimiento poblacional. Para Scavino, extender la ciudad en estas condiciones puede traer más costos que beneficios. Más calles, más servicios, más infraestructura. Todo eso implica inversión pública.

¿QUIÉN PAGA Y QUIÉN GANA?

Otro punto que se pone sobre la mesa es el costo que deberá asumir la Intendencia. El decreto incluye la obligación de mejorar calles en la zona, con obras de bituminización que superan los 30.000 metros cuadrados. Esto, advierte, podría significar que otros barrios sigan esperando mejoras que llevan años reclamando. Frente a esto, vuelve la pregunta inicial: ¿quién se beneficia realmente? Si bien se plantea que podría aumentar la recaudación por contribución inmobiliaria, también se recuerda que esos ingresos representan solo una parte del gasto total del gobierno departamental.

UN RECURSO QUE QUEDÓ SIN RESPUESTA

El recurso presentado no solo tenía argumentos políticos, sino también técnicos y legales. Hubo instancias de diálogo en el Parlamento, donde participaron tanto quienes impulsaban el reclamo como autoridades departamentales. Pero, según se plantea, nunca hubo una definición clara. El tema simplemente quedó sin resolución hasta que se vencieron los plazos. Para quienes impulsaron la iniciativa, eso deja una sensación abierta: no se sabe si el planteo era válido o no, porque nunca fue analizado en profundidad.

UNA DISCUSIÓN QUE SIGUE ABIERTA

Más allá del resultado, Scavino destaca el trabajo de organizaciones sociales y vecinos que acompañaron el planteo con firmas y participación. Define este proceso como una “quijotada”, reconociendo que no era un camino fácil, sobre todo cuando hay intereses económicos en juego. Pero también deja una idea clara: discutir qué ciudad se quiere no debería ser un tema menor. Implica decidir dónde se invierte, cómo crece el territorio y qué prioridades se establecen.

UNA PREGUNTA QUE QUEDA

El gobierno habla de un triunfo. Desde otro lado, se habla de dudas. Entre ambas miradas, hay un tema de fondo que sigue sin resolverse: el modelo de ciudad. Y en ese punto, la pregunta sigue vigente, esperando una respuesta más clara: ¿triunfo para quién?