En medio de un panorama internacional cambiante, Uruguay no permanece ajeno a las dinámicas globales. Según el análisis de Gustavo Fernández, docente y empresario, factores como acuerdos geopolíticos en particular entre Estados Unidos e Irán han tenido un impacto directo en variables clave como el precio del petróleo. La caída del barril de crudo desde niveles superiores a los 100 dólares hasta el entorno de los 70-80 dólares genera expectativas sobre una posible reducción en los combustibles a nivel local.

Fernández advierte que estos ajustes no son inmediatos debido a los tiempos del proceso de importación, refinación y distribución. Aun así, plantea que, de no reflejarse una baja en los precios al consumidor en los próximos meses, podría interpretarse como una estrategia recaudatoria del Estado.

Combustibles caros y transición energética

El elevado costo de los combustibles en Uruguay con precios cercanos a los 93 pesos por litro está impulsando un crecimiento sostenido en la venta de vehículos eléctricos. Actualmente, se estima que uno de cada tres autos vendidos en algunas zonas del país corresponde a esta tecnología.

El avance de la movilidad eléctrica enfrenta limitaciones importantes. La infraestructura de carga aún es insuficiente, lo que genera demoras y dificultades para quienes realizan trayectos interdepartamentales. Fernández señala que, en estas condiciones, los vehículos eléctricos resultan más convenientes como segunda opción o para uso exclusivamente urbano.

A esto se suma la incertidumbre sobre los incentivos fiscales. Mientras el Ministerio de Economía evalúa recortes en beneficios tributarios, otras áreas del gobierno buscan sostenerlos para fomentar la transición energética.

Un déficit persistente que preocupa

Uno de los puntos más críticos señalados es el déficit fiscal, que se ubica entre el 4% y el 4,5% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales, financiados principalmente mediante endeudamiento.

Uruguay mantiene el grado inversor, lo que le permite acceder a financiamiento a tasas relativamente bajas en torno al 3% anual. Fernández advierte que esta situación no está garantizada a largo plazo. Un aumento en el riesgo país podría duplicar las tasas de interés, generando un impacto significativo en las cuentas públicas.

Además, subraya que el déficit no responde a inversión productiva, sino al financiamiento del gasto corriente, como salarios y funcionamiento del Estado, lo que limita las posibilidades de crecimiento sostenible.

Subsidios, costos y presión fiscal

El esquema de subsidios también aparece como un factor de distorsión. El precio del gasoil, por ejemplo, financia parcialmente el transporte público y otros costos, lo que genera tensiones en sectores como el transporte de carga.

A nivel doméstico, el costo del gas envasado es considerablemente más alto que el gas a granel, lo que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores. En este sentido, Fernández plantea la necesidad de avanzar en infraestructura energética, como redes de gas por cañería, aprovechando el potencial de abastecimiento desde Argentina.

Crecimiento débil y perspectivas inciertas

Los datos más recientes reflejan un crecimiento económico de apenas 0,9% en el primer trimestre de 2026, cifra que se ubica por debajo de las expectativas oficiales. Este desempeño limita la capacidad de aumentar la recaudación y, en consecuencia, condiciona el gasto público proyectado.

Ante este escenario, se prevé una mayor presión fiscal sobre empresas y contribuyentes, lo que podría afectar la competitividad y los márgenes de rentabilidad. “Las empresas terminan adoptando posturas más conservadoras”, señala Fernández, priorizando el cumplimiento fiscal aunque implique menores ganancias.

Un país en aguas turbulentas

Uruguay atraviesa un momento de estancamiento económico, con múltiples frentes abiertos: déficit fiscal elevado, crecimiento insuficiente, costos energéticos altos y desafíos estructurales en infraestructura.

Para Fernández, el país “navega en aguas turbulentas”, donde las decisiones de política económica serán clave para evitar un deterioro mayor y sentar las bases de una recuperación sostenible.