Irán ahorcó este lunes a un hombre acusado de espiar para Israel, en lo que representa un nuevo episodio de la mayor ola de ejecuciones dictada por el régimen de los ayatollahs en las últimas décadas. Según información publicada por la agencia Mizan, portavoz del poder judicial, el ajusticiado, identificado como Bahman Choobiasl, fue condenado por mantener una cooperación extensa con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. El caso de Choobiasl no había trascendido previamente en medios iraníes ni entre organizaciones que monitorean la pena de muerte en esa nación. El hombre fue acusado de reunirse con funcionarios del Mossad y de participar en “proyectos de telecomunicaciones sensibles” para una empresa no identificada. De acuerdo con la versión oficial, Choobiasl informaba al Mossad sobre “las vías de importación de dispositivos electrónicos” en Irán y facilitaba información sobre instituciones gubernamentales y centros de datos del Estado.

La ejecución de este lunes ocurrió días después de que Irán prometiera adoptar medidas firmes contra sus enemigos en respuesta a la reimposición de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas a raíz del programa nuclear iraní.

Las autoridades describieron al ajusticiado como “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”. Las investigaciones del régimen persa sostienen que Choobiasl mantuvo reuniones y contactos con agentes del Mossad en varios países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria. Según el relato recogido por los medios de propaganda, habría transitado por entrenamientos para “mejorar sus capacidades personales y provisionales” a solicitud de la inteligencia israelí.

En 2025, Teherán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte, particularmente contra personas condenadas por espionaje. Según estimaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, y el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, la cifra de ejecuciones en Irán ya supera las 1.000 en lo que va del año, aunque advierten que los números reales podrían ser mayores, ya que no todas las sentencias mortales son informadas públicamente.