A finales de mayo de 2026, el fotoperiodista nicaragüense Oswaldo Rivas, exiliado en Estados Unidos, descubrió algo que lo dejó sin palabras: la casa que construyó durante más de dos décadas de trabajo, con préstamos y esfuerzo familiar, aparecía publicada “en venta” en la plataforma digital Encuentra24 por USD 255.000. El anuncio, atribuido a un gestor de bienes raíces identificado como Moreno Merlo, incluía incluso las mismas fotografías que Rivas había tomado cuando intentó vender la propiedad antes de huir al exilio. La vivienda de Rivas, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, fue ocupada por la Policía el 6 de junio de 2024, un día después de que el periodista, que cubría para la AFP las manifestaciones contra el régimen desde 2018, recibiera advertencias de que sería arrestado.

“La fuimos construyendo desde cero, con puro sudor”, declaró Rivas al diario La Prensa de Nicaragua. “Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ni siquiera hacía fotos de política ya para no meterme mucho en los rollos”. El caso de Rivas no es una anomalía. Es la expresión más reciente y concreta de lo que una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) llama la nueva piñata Ortega-Murillo: un sistema de confiscaciones ilegales que, a partir de 2018, ha convertido al Estado nicaragüense en el principal depredador de la propiedad privada en el país.

Confiscaciones ilegales

El punto de partida de esta maquinaria represiva fue la masiva rebelión ciudadana de abril de 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra el régimen. La respuesta de Ortega y Murillo fue brutal: la represión dejó más de 300 muertos y miles de detenidos.