La Asamblea General tomó juramento a Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. "Yo creo que el Sistema Carcelario es un desafío para el Uruguay. Hay que hacer el intento de sacar a las cárceles del circuito de la inseguridad y de ponerlo otra vez en el circuito de la seguridad y, para eso hay que revisar muchas cosas", dijo Radío. Y agregó: "Para mí asumir esta responsabilidad implica hacer el esfuerzo por estar a la altura de quienes me precedieron que yo creo que lo hicieron muy bien".

Tras el anuncio, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, presentó un pedido de informes dirigido a cinco ministerios para conocer los detalles del acuerdo. En concreto a cinco ministerios, pidió informes con copia del contrato y sus anexos, información sobre las empresas y los inversores involucrados, los plazos de ejecución y las condiciones pendientes para concretar el proyecto.

El Gobierno y el Parlamento analizan cómo impedir que Raúl Estomba, un abogado que defendió a integrantes de grupos narcos, ingrese a la Fiscalía. La novedad, fue conocida públicamente, mediante un informe del semanaria Búsqueda, indicando que el cuestionado profesional  aprobó un concurso y, tras avanzar los nombres que lo precedían, su designación quedó sobre la mesa. 

Antel investiga la caída de internet y telefonía móvil

Antel investiga los daños que se generaron en la red de fibra que, el martes 13, afectaron unos 150.000 servicios de internet y telefonía móvil. Según la empresa, tres de las cuatro roturas ocurrieron durante obras viales de contratistas del Ministerio de Transporte; la cuarta se produjo en una construcción particular. Los cortes restringieron incluso la conexión internacional que llega por los cables submarinos de Maldonado. Las reparaciones terminaron durante la noche del martes. Desde Antel se adjudica responsabilidad a las empresas, señalando que hay planos por donde pasa la fibra óptica, que no se tuvieron en cuenta, por lo cual, se generó ese importante daño, que se entiende no se debería haber registrado.

En conferencia de prensa, el senador Eduardo Brenta (FA) expreso: “Lamentamos que esta resolución no fuera unánime porque persigue la defensa de los intereses nacionales frente a lo que es una estafa que el Estado uruguayo tuvo que sobrellevar en este proceso en el que se presentaron garantías falsas, algo que no fue reconocido por la oposición, y en el que hubieron responsabilidad administrativas, políticas y eventualmente penales”.