Ortuño  y la represa de Casupá

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reconoció que la represa proyectada en Casupá generará “impactos negativos”, aunque aseguró que el gobierno aplicará medidas de compensación y mitigación. El jerarca explicó que se están realizando tres estudios en paralelo —a cargo del Ministerio de Ambiente, OSE y la Facultad de Ingeniería— para identificar los efectos de la obra y definir respuestas “con la mayor sensibilidad”.

En el cierre de la Expo Prado y ante el presidente Yamandú Orsi y ministros del gobierno, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, reclamó competitividad, reglas claras para el desarrollo y advirtió que las regulaciones excesivas pueden frenar la innovación y el crecimiento. Cuestionó artículos del presupuesto, la concentración de la industria frigorífica, la eventual suspensión de exportaciones de ganado en pie, el precio del gasoil y las pautas salariales. Valoró el esfuerzo realizado por el país para bajar la inflación en el gobierno anterior, pero advirtió que “es tiempo de pensar primero en la competitividad y luego en seguir bajándola”.

Interior y AUF  trabajan en seguridad en el futbol

El Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol instalaron un grupo de trabajo para reforzar la seguridad en los espectáculos deportivos. El objetivo es garantizar escenarios más seguros tanto para el público como para los protagonistas. Como primer paso, se concretó un relevamiento de la infraestructura y la seguridad conque cuentan al presente los principales escenarios.

El grupo asesor creado por Presidencia para elaborar un anteproyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) avanza en la redacción, mientras la oposición considera que ese no es el ámbito adecuado para tratar un tema que considera “institucional” y reclama participación. La coordinación del grupo está a cargo del prosecretario Jorge Díaz, ex fiscal de Corte, y en las últimas semanas mantuvo reuniones con ministerios, Fiscalía, Poder Judicial y el Colegio de Abogados. Según fuentes del gobierno, el texto “está muy avanzado” y quedará en manos del Ejecutivo decidir cuándo enviarlo al Parlamento.