El posible litigio entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama volvió a instalarse con fuerza en el debate político, tras confirmarse que ya está fijada una audiencia de conciliación para marzo de 2026. La noticia generó inmediatas reacciones tanto dentro del oficialismo como, especialmente, en la oposición, que advirtió sobre las consecuencias económicas, jurídicas y políticas que podría enfrentar el país.

El origen del nuevo capítulo del conflicto se dio luego de que representantes legales de Cardama se reunieran con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para notificar formalmente que la instancia de conciliación ya tiene fecha. Esto reavivó la polémica en torno al contrato firmado durante el gobierno anterior para la construcción de patrulleras oceánicas (OPV), un proyecto clave para la vigilancia marítima de Uruguay.

Orsi: “El gobierno de mantiene firme”

El presidente Yamandú Orsi, desde Torre Ejecutiva, reafirmó que el gobierno mantiene firme su posición frente al astillero español. Reconoció que Cardama tiene intenciones de demandar al Estado, pero aclaró que el Ejecutivo aguarda los resultados de estudios técnicos encargados a una empresa norteamericana sobre la construcción de las patrulleras. Desde el gobierno se insiste en que la prioridad es actuar con respaldo técnico y jurídico, evitando decisiones apresuradas.

Diaz extenso descargo apuntando a Lacalle Pou

En paralelo, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, realizó un extenso descargo público a través de la red social X, apuntando directamente contra la administración de Luis Lacalle Pou. Díaz planteó una batería de interrogantes sobre el proceso de selección de Cardama: cómo llegó la empresa al Ministerio de Defensa, si se le permitió mejorar su oferta en reiteradas oportunidades cuando a otras no, y por qué se eligió a una firma sin experiencia previa en la construcción de este tipo de buques.

También cuestionó la forma en que se manejaron las garantías contractuales, señalando prórrogas sin respaldo administrativo y la aceptación de avales cuya solvencia no habría sido debidamente controlada. En un tono particularmente duro, Díaz sugirió eventuales responsabilidades civiles y penales, al tiempo que criticó lo que consideró una defensa injustificada de los intereses de una empresa extranjera incumplidora, incluso —según afirmó— descalificando a integrantes de la Armada.

Desde la oposición duras respuestas y lógicas advertencias

Las respuestas desde la oposición no se hicieron esperar. Dirigentes del Partido Nacional coincidieron en cuestionar con dureza la actuación del actual gobierno, al que acusan de priorizar lo político por sobre lo jurídico. La senadora Graciela Bianchi ironizó sobre la forma en que se manejó la comunicación del caso y acusó al oficialismo de actuar con una lógica de “cuanto peor, mejor”.

El senador Javier García, exministro de Defensa, fue aún más enfático. Advirtió que el conflicto “nos va a salir carísimo” y sostuvo que la conferencia de prensa del gobierno tuvo un objetivo meramente político. Según García, las consecuencias podrían ser graves: Uruguay quedaría sin patrullaje marítimo, perdería la inversión realizada, enfrentaría una demanda millonaria y vería afectada su reputación como país serio desde el punto de vista jurídico.

En la misma línea, el diputado Gabriel Gianoli, quien viajó recientemente a Vigo para conocer las OPV construidas por Cardama, afirmó que no se cuidaron los intereses nacionales. Señaló que el país se expone a juicios costosos y a quedar sin defensa en el mar, responsabilizando al gobierno por llevar al presidente a una decisión de alto riesgo político y económico.

Finalmente, el senador Sebastián Da Silva resumió las críticas con ironía, aludiendo a una notoria impericia jurídica. En conjunto, la oposición advierte que el caso Cardama puede transformarse en un serio problema para Uruguay, con impacto financiero, institucional y estratégico, mientras el gobierno busca sostener su postura y trasladar responsabilidades al anterior gobierno.