El diferendo entre el gobierno de Yamandú Orsi y el astillero español Cardama ha escalado en las últimas semanas hasta transformarse en un conflicto diplomático, jurídico y político de alto costo potencial para Uruguay. La decisión del Ejecutivo de rescindir el contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos —firmado en 2023— se presentó como un acto de “defensa del interés nacional”, pero los términos y la forma en que se ejecutó la ruptura abren serias dudas sobre la legalidad, la prudencia y, sobre todo, la buena fe del proceder oficial.

El presidente Orsi, acompañado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el subsecretario Jorge Díaz, exfiscal de Corte, anunció la denuncia del contrato y el inicio de acciones legales, tras afirmar que existían “indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo”. Sin embargo, la respuesta del propietario del astillero no fue una defensa cerrada, sino una propuesta: renegociar, ofreciendo garantías y un seguro que, de ser aceptado, podría haber evitado un conflicto judicial internacional.

La buena fe contractual, principio ignorado

De los tres jerarcas que protagonizaron la decisión, solo Díaz es doctor en Derecho, y por tanto el único con conocimiento técnico directo del artículo 1291 del Código Civil uruguayo. Dicho artículo establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, es decir, con lealtad, cooperación y respeto recíproco entre las partes. Ignorar este principio no solo vulnera una norma básica del Derecho, sino que puede exponer al país a un juicio millonario que se podría haber evitado.

Las acciones del gobierno se basaron en un supuesto incumplimiento menor o accesoria del contrato, que —según expertos— podría haberse solucionado mediante una gestión diplomática previa. Proceder directamente a la denuncia y a la vía penal sin agotar las instancias de diálogo, podría configurar una violación del principio de buena fe y colocar a Uruguay en desventaja ante un eventual tribunal internacional.

Sospechas y contradicciones oficiales

Semanas antes de la denuncia, la ministra de Defensa, Azucena Lazo, había evitado brindar detalles sobre la situación del contrato, argumentando que no podía revelar “la estrategia del gobierno”. A la luz de los hechos posteriores, la explicación genera sospechas de que existía una decisión política premeditada de romper el vínculo con el astillero, más que de resolver un conflicto técnico o contractual.

El propio propietario de Cardama afirma haber enviado reiteradas comunicaciones al Ministerio de Defensa, que nunca fueron respondidas. Si esto se confirma, sería un indicio de falta de diálogo y de transparencia institucional.

El costo de un camino riesgoso

El contrato firmado entre Uruguay y Cardama establece en su artículo 38 que los conflictos deben resolverse primero por una sociedad de clasificación, y si esta se rehúsa, el caso pasa automáticamente a una Corte Internacional de Arbitraje. En este contexto, la intervención directa de la Fiscalía uruguaya podría contradecir lo pactado, exponiendo al Estado a sanciones o indemnizaciones.

Según trascendidos, el gobierno contrató al estudio londinense Arnold & Porter, conocido por asesorar a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para defender su posición. La elección del bufete no pasó inadvertida en la oposición, que advierte que el país podría terminar pagando caro un error político-legal evitable.

Como señaló un analista: “Jugar al ajedrez en dos tableros al mismo tiempo no es para cualquiera”. Y en este caso, el riesgo de perder en ambos parece cada vez más alto.