El conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y su sindicato de trabajadores ingresó en una etapa crítica, luego de que la empresa comunicara el cierre de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo de cinco años. La decisión, adoptada tras una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, llevó al gremio a declararse en asamblea permanente y evaluar la posibilidad de retomar las medidas de paro.

Una situación preocupante para el gobierno y la actividad económica

La situación genera especial preocupación debido al peso que TCP tiene en la actividad portuaria. La terminal concentra alrededor del 80% del tránsito de contenedores del puerto de Montevideo, por lo que cualquier interrupción prolongada puede tener consecuencias sobre el comercio exterior, la logística y la imagen del país como plataforma regional.

Según informó el sindicato, la empresa presentó su última propuesta y dio por terminada la instancia de negociación. Los trabajadores sostienen que realizaron importantes concesiones, particularmente en lo referido a las guardias gremiales, pero consideran que no existió una respuesta equivalente por parte de TCP.

El gremio insiste en reclamar, mayores garantías de estabilidad laboral y la regularización de categorías que,  denuncian, permanecen pendientes. También cuestiona no haber recibido durante más de dos décadas incrementos salariales por encima de los mínimos establecidos en los Consejos de Salarios.

Un portazo ante la cerrada posición sindical 

Desde la empresa, la decisión de cerrar la negociación aparece vinculada a lo que considera una posición inflexible del sindicato. El escenario abre ahora la posibilidad de que el conflicto ingrese en una nueva fase, incluso con la intervención de las autoridades laborales para buscar mecanismos (¿la esencialidad?) que permitan asegurar la continuidad de un servicio considerado básico para la economía nacional.

El sindicato cuestiona ganancias e inversiones

El gremio también puso el foco en la situación económica de TCP. La sociedad está integrada mayoritariamente por capital privado, belga especialmente mientras que la Administración Nacional de Puertos mantiene una participación del 20%. Sostienen que la empresa obtuvo ganancias superiores a los 100 millones de dólares el año pasado y cuestionan, al mismo tiempo, el ritmo de las inversiones comprometidas para consolidar al puerto de Montevideo como un centro logístico regional.

Mientras la asamblea sindical define sus próximas acciones, vuelve a instalarse la amenaza de nuevos paros. En una terminal por la que circula la mayor parte de los contenedores del país, la prolongación del conflicto podría tener efectos que trasciendan a la empresa y sus trabajadores, alcanzando directamente al comercio exterior y a la confiabilidad internacional del Uruguay.