El sector pesquero nacional atraviesa una crisis profunda e inédita, con un conflicto sindical que ya supera los 80 días y que ha provocado pérdidas millonarias tanto a las empresas como al país. Lo que comenzó como una disputa gremial se ha transformado en una paralización casi total de la actividad, con consecuencias que golpean a todas las ramas del trabajo vinculadas a la pesca.

Un irracional origen 

El origen del diferendo no está en un reclamo estructural ni en una necesidad generalizada de los trabajadores, sino en un prolongado enfrentamiento personal entre un dirigente del sindicato pesquero y el armador de una empresa en dificultades financieras. A partir de este conflicto, el gremio inició una medida de fuerza reclamando la incorporación de 28 nuevos marineros, con el argumento de que reemplazarían al capitán durante sus descansos.

Al no obtener resultados, la conducción sindical decidió escalar el conflicto, extendiéndolo a 15 barcos congeladores —de gran porte y con tripulación que ya cumple las condiciones laborales exigidas—, afectando también a operaciones en alta mar. En paralelo, cinco barcos permanecen inactivos desde hace meses por problemas técnicos, dejando a 150 pescadores sin trabajo. Pese a esta situación, el sindicato no ha realizado reclamos para resolver la inactividad de esos trabajadores.

Diferencias y tensión en la interna sindical

En una asamblea reciente, un grupo de trabajadores propuso someter a votación el levantamiento del conflicto para volver al trabajo, pero la directiva sindical impidió tratar la propuesta. La reunión estuvo marcada por gritos, amenazas y un clima hostil. Una nueva instancia de debate se convocó para hoy. El conflicto se ha agravado por el control que el sindicato ejerce desde un contenedor ubicado en la entrada del puerto pesquero Capurro —permitido por la Administración Nacional de Puertos—, desde donde supervisa todos los movimientos. Frente a la falta de acuerdos, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) optó por una medida excepcional: convocar a personas sin vinculación sindical para embarcarse. La respuesta fue masiva: más de 7.300 postulantes, de los cuales 400 cuentan con libretas de embarque vigentes.

Presión gremial al ámbito gubernamental y político

La presión gremial también se trasladó al ámbito político. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, solicitó por carta al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que el Poder Ejecutivo retire permisos de pesca a las empresas acusadas de prácticas antisindicales, así como beneficios y subsidios que reciben. En el Parlamento, la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió a representantes del sindicato. La senadora Graciela Bianchi advirtió que el bloqueo impuesto por el gremio perjudica no solo a las empresas nacionales y a los pescadores de costa, sino también a inversores extranjeros con barcos de altura que no están involucrados en el conflicto pero que igualmente están paralizados.

Lo increíble e irracional de la situación

En definitiva, una disputa de origen personal ha derivado en un conflicto sindical que mantiene varado al sector pesquero, afecta a miles de trabajadores directos e indirectos, daña la imagen del país como proveedor internacional y provoca pérdidas multimillonarias que se acumulan día tras día sin una solución a la vista.