La denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo por presunto fraude o estafa en la garantía presentada por el astillero español Cardama para la construcción de las dos patrullas oceánicas, será investigada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, Alejandro Machado. Inicialmente, se había designado a la fiscal de 2º Turno, Sandra Fleitas, pero la magistrada pidió abstenerse por razones de “decoro”. La Fiscalía General aplicó la Resolución 044/2023, que regula la subrogación entre fiscalías especializadas, y reasignó el expediente a Machado.

Fleitas argumentó su decisión en su vínculo personal con Fabián Martínez, ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, quien participó en la negociación y firma del contrato con el astillero español. Martínez, dirigente del Espacio 40, quien trabaja actualmente en el despacho del senador y exministro Javier García.

Según se recuerda, durante las negociaciones con Cardama, Martínez actuó como interlocutor del Ministerio de Defensa frente a las garantías de cumplimiento del contrato. En setiembre de 2024, el empresario Mario Cardama le envió un correo solicitando los datos bancarios para depositar la garantía y adjuntó dos avales —Bank Winter de Viena y EuroCommerce de Londres—, este último finalmente aceptado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La fiscal Fleitas lleva adelante la investigación contra el ex senador Charles Carrera y fue quien archivó la causa por la denuncia falsa contra Yamandú Orsi durante la pasada campaña electoral. Machado, en tanto, instruye otras causas de alto perfil, entre ellas la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y la posterior destrucción de documentos públicos.

La causa con Cardama

El gobierno de Yamandú Orsi anunció su decisión de rescindir el acuerdo, tras detectar irregularidades en las garantías presentadas. Según la investigación oficial, la empresa EuroCommerce, encargada de ofrecer el aval financiero, está en proceso de liquidación y no cuenta con actividad registrada. Además, el Ejecutivo presentó una denuncia penal por presunta estafa o fraude.