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Desde la asunción de Orsi el 1º de marzo de 2025, Uruguay ha comenzado a transitar un proceso que resulta profundamente preocupante en su composición sectorial y territorial. El cierre de empresas como Yazaki, con aproximadamente 1.000 trabajadores desvinculados, o la salida de firmas tecnológicas como UKG y Tether, no puede analizarse únicamente desde la lógica de la reestructuración global. Cuando estos episodios se acumulan junto a decisiones como la reducción de hasta el 40% de la plantilla de BASF o los recortes en Sabre, emerge un problema estructural: Uruguay está dejando de ser competitivo para la inversión productiva y el desarrollo tecnológico. No se trata de hechos aislados, sino de señales convergentes que evidencian una pérdida de atractivo sistémico. El argumento oficial, que atribuye estos movimientos a transformaciones globales en los modelos de negocio, resulta insuficiente.

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