La prolongación del conflicto en Conaprole por más de diez meses ha dejado de ser un diferendo sectorial para convertirse en un problema estructural que compromete a toda la cadena láctea y, por extensión, a una parte relevante del aparato productivo nacional. Cuando una cooperativa del porte de Conaprole fija límites y exige “paz laboral absoluta” como condición para aceptar una fórmula de acercamiento, no está planteando un capricho: está señalando que su paciencia institucional y económica tiene un límite.

Según han advertido los socios productores, la conflictividad sostenida provocó una caída del 25% en las ventas en el mercado interno. No se trata de una cifra menor en un contexto ya desafiante para el consumo. A ello se sumaron paros perlados que derivaron en incumplimiento  y en la pérdida de un contrato de venta de manteca a China. En un país cuya inserción internacional depende en gran medida de la confiabilidad, estos episodios erosionan algo más que balances: dañan reputación.

El conflicto alcanzó incluso niveles difíciles de explicar ante la opinión pública. La negativa a realizar dos horas extras para evitar la pérdida de 10 mil litros de leche chocolatada pronta para envasar no solo implicó un perjuicio económico directo; expuso una lógica de confrontación que parece desentenderse de las consecuencias. Cada litro desperdiciado es también el trabajo de un tambero, el esfuerzo logístico y el riesgo asumido por una cooperativa que compite a nivel interno y en exigentes  mercados internacionales.

En este escenario, el rol del Ministerio de Trabajo es central. Sin embargo, la actuación del titular de la cartera, Juan Castillo, ha estado marcada por una parsimonia que inquieta. No se discute su trayectoria ni su derecho a haber tenido una historia sindical; lo que se cuestiona es la dificultad para asumir plenamente la ecuanimidad que exige el cargo. Un ministro no representa a una de las partes: representa al Estado y, por tanto, al interés general.

La exigencia de “igualdad para todas las partes” formulada por Conaprole no debería ser leída como presión, sino como un recordatorio de que la equidad no consiste en inclinar la balanza hacia el actor con mayor capacidad de presión. Resulta llamativo que en este conflicto se soslaye un dato incómodo: el salario promedio de un trabajador de la industria supera los cien mil pesos, mientras que el 75% de los tamberos remitentes —quienes proveen la materia prima— no alcanzan ese ingreso. Si se habla de justicia distributiva, la mirada no puede detenerse únicamente en la puerta de la planta industrial.

Privilegiar demandas sin ponderar la sostenibilidad global del sistema productivo implica desconocer que la cooperativa pertenece, en definitiva, a miles de trabajadores. El conflicto también interpela el modelo de relaciones laborales. Uruguay ha construido una tradición de diálogo social que merece ser preservada, pero ello no puede confundirse con la naturalización de medidas que se prolongan indefinidamente mientras la negociación avanza con lentitud exasperante. 

La paz laboral absoluta que reclama la empresa como condición para acordar no es una exigencia desmesurada; es una garantía mínima para restablecer la confianza. El país necesita señales claras. Conaprole es un emblema cooperativo y exportador. Su competitividad y productividad no son asuntos corporativos: son parte del interés nacional. Superar esta instancia exige que el Ministerio de Trabajo actúe con firmeza y equilibrio, desprendiéndose de cualquier sesgo ideológico que condicione su intervención. La responsabilidad de gobernar implica, precisamente, dejar atrás la lógica sectorial. El tiempo de la indefinición se agotó. Si la cooperativa ya marcó límites, corresponde ahora que la autoridad laboral comprenda que su misión no es acompañar una trinchera, sino garantizar reglas justas y previsibles para todos. Nada más ni nada menos.