Hay historias que incomodan. No por su complejidad jurídica ni por sus matices, sino porque exhiben, sin filtros, el fracaso de un sistema que debía proteger y no lo hizo. El caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre —un hombre con un historial prolongado de abusos sexuales, torturas y violencia psicológica contra sus propios hijos— es una de esas historias que interpelan de frente a la sociedad y, sobre todo, al Estado.

Aquí no hay margen para la neutralidad. No cuando se trata de niños sometidos durante años a un infierno doméstico. No cuando esos niños, convertidos en adultos, terminan cargando con las consecuencias de una violencia que nadie detuvo a tiempo. Porque si algo queda claro en este caso es que la responsabilidad no puede recaer únicamente en quien, quebrado por años de horror, terminó reaccionando de la peor manera. La responsabilidad también es —y de forma contundente— del sistema que falló.

Falló la protección a la infancia. Fallaron los organismos encargados de velar por esos menores que, según los testimonios, vivieron sometidos a abusos reiterados. Falló la Justicia, que, aun habiendo intervenido en algún momento, no logró evitar que el agresor volviera a tener contacto con sus víctimas. Y fallaron, también, los servicios de atención a víctimas, incapaces de brindar contención real a quienes atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad.

El relato de Sara, hermana de Moisés, es devastador. No solo por la magnitud de los abusos —más de 60 episodios soportó—, sino por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema. Denunció siendo niña. Se animó cuando pudo. Y lo que encontró del otro lado no fue protección sostenida, sino un proceso que, lejos de ampararla, la dejó expuesta. Su testimonio lo resume con crudeza: “La víctima habla cuando puede y no cuando el sistema quiere”. Esa frase debería ser suficiente para encender todas las alarmas institucionales. Pero no lo fue.

El padre fue condenado en su momento. Cumplió una pena. Salió. Y volvió a acechar. ¿Cómo es posible que alguien con ese prontuario pueda retomar contacto con sus víctimas? ¿Dónde estaban las medidas de protección? ¿Dónde el seguimiento? ¿Dónde la contención psicológica para esos niños que crecían con miedo? El argumento de que “no hubo más denuncias” resulta, en este contexto, no solo insuficiente, sino profundamente injusto. Exigir nuevas denuncias a víctimas que han sido sistemáticamente sometidas, manipuladas y aterrorizadas es desconocer la lógica misma de la violencia intrafamiliar. Un agresor no solo daña: también silencia, condiciona, entrena para el miedo.

La Justicia, en este caso, aplicó la ley. Pero la pregunta es si alcanzó con eso. La normativa prevé herramientas, como la posibilidad de exonerar de pena en contextos de conmoción extrema derivada de violencia crónica. No se trata de justificar un homicidio, sino de comprenderlo en su contexto. De reconocer que no todos los actos nacen en igualdad de condiciones.

Aquí hubo años de abandono institucional. Años en los que esos niños debieron haber sido protegidos, asistidos, acompañados. Años en los que el Estado tuvo la oportunidad de intervenir de forma efectiva y no lo hizo. Y cuando finalmente la tragedia ocurrió, la respuesta fue estrictamente punitiva.