La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un sector social o político. Es, lamentablemente, un flagelo persistente que atraviesa sociedades, instituciones y épocas. Sin embargo, cuando se instala en organizaciones que históricamente se han erigido como defensoras de los trabajadores y garantes de derechos colectivos, el daño es doble: económico y moral. A los casos que involucraron primero a dirigente histórico de la salud y ahora del SUNCA vuelven a encender una alarma que en Uruguay ya ha sonado demasiadas veces.

Las investigaciónes judiciales, que derivaron en la condena de sindicalistas y mantiene al menos a otras bajo indagatoria, no describe un simple desvío individual ni una “viveza criolla” aislada. Por el contrario, desde la Fiscalía de Delitos Económicos, hablo de una cadena delictiva organizada, con roles definidos, continuidad en el tiempo y un modus operandi sistemático. Estamos ante un ejemplo clásico de corrupción sistémica, esa que no depende de una persona sino de una estructura que la permite, la protege y la reproduce.

El último caso conocido, apunta al Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) es particularmente ilustrativo. Durante 2023 se aprobaron al menos 40 partidas especiales destinadas, en teoría, a situaciones humanitarias extremas —cáncer terminal, trasplantes, incendios— sin que existiera documentación que respaldara esas circunstancias. Peor aún: varias de esas ayudas fueron otorgadas a personas inexistentes. El dinero, más de un millón de dólares entre pesos y divisas, siguió una ruta previamente diseñada, con transferencias, intermediarios y destinatarios finales claramente identificados por la Fiscalía.

Este tipo de maniobras solo puede sostenerse en organizaciones cerradas, donde la obediencia interna reemplaza al control, y donde cuestionar una orden se interpreta como traición. La responsabilidad, por tanto, no puede limitarse a quienes firmaron autorizaciones o realizaron transferencias. Existe una responsabilidad colectiva, de mandos intermedios y superiores, que crearon un clima donde el uso discrecional de fondos era posible y, en los hechos, tolerado.

A este escenario se suma un elemento especialmente sensible para la democracia: el cruce entre sindicalismo y política partidaria. Cuando los fondos de una organización sindical terminan financiando actividades políticas, se vulnera la transparencia del sistema electoral y se erosiona la legitimidad institucional. No se trata de demonizar la participación política de los trabajadores, sino de advertir sobre los riesgos de la financiación ilícita y de la confusión de roles entre representación gremial y militancia partidaria.

El SUNCA no es un sindicato menor. Su peso histórico, su influencia y su cercanía con el Frente Amplio hacen que este caso tenga un impacto que trasciende lo judicial. 

El desafío que dejan los episodios conocidos, es claro. No alcanza con condenas penales ni con comunicados defensivos. Se necesitan, como dispuso el Ministerio de Educación y Cultura,  para el Sunca, cumplir con los vigentes estatutos y realizar e informar los debidos controles internos,  sumando si es necesario, auditorías propias y externas y una revisión profunda del funcionamiento de los fondos sociales. Sobre todo, una señal política y sindical contundente: la corrupción no se justifica por la causa que se invoque ni por la bandera que se enarbole.

Porque cuando la corrupción se sindicaliza, quienes terminan perdiendo no son solo las arcas de un fondo, los trabajadores que aportan, sino la confianza de toda una sociedad.