El conflicto pesquero que atraviesa Uruguay es mucho más que una disputa laboral: es un caso paradigmático de cómo un país puede arruinar un sector productivo por la combinación de intereses corporativos desmedidos, sindicalismo irracional y un Estado ausente o cómplice. El resultado es conocido: la pérdida total de la zafra anual, millones de dólares evaporados, miles de familias perjudicadas y la credibilidad de Uruguay como plaza confiable, de esta forma genera dudas.

Lo que ocurre hoy en los muelles y en alta mar es la consecuencia directa de una lógica autodestructiva. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) exige algo que ni siquiera figura en el acuerdo firmado con las cámaras en 2024: que en cada embarcación incorpore un tripulante extra para sustituir al capitán durante sus horas de descanso. No se trata de una mejora razonable en seguridad o condiciones de trabajo, sino de una exigencia impracticable, inexistente en otras flotas del mundo y, peor aún, que desplaza a un pescador efectivo por una función artificial. El sindicato no solo incumple la cláusula de paz que firmó, sino que paralizó al sector durante casi tres meses, con 53 barcos amarrados y una zafra perdida que jamás podrá recuperarse. Las consecuencias son devastadoras: más de 40 millones de dólares en pérdidas, cientos de pescadores sin salario, la industria procesadora detenida, exportaciones incumplidas y un golpe a la competitividad.

La pesca es un recurso estratégico, compartido con Argentina bajo licencias conjuntas, y Uruguay corre incluso el riesgo de perder cupos futuros. Es decir: el capricho de unos pocos compromete a todo el país. El comportamiento del sindicato ya era conocido. SUNTMA ha cultivado un estilo confrontativo y de máxima presión, pero lo que sorprende es la pasividad — y o complicidad— gubernamental. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Juan Castillo, y el de Ganadería, encabezado por Alfredo Fratti, no mostraron liderazgo ni capacidad de gestión. La Administración Nacional de Puertos, increíblemente, permitió que SUNTMA instalara un contenedor sindical en el puerto de Capurro, desde el cual se controló quién podía entrar y quién no. 

El presidente Yamandú Orsi, fiel a su estilo evasivo, se limitó a señalar que “hay un problema estructural”, como si observar desde la tribuna fuera suficiente. El daño trasciende fronteras. La empresa española Belnova, con inversiones de 15 millones de dólares en Montevideo, pidió la intervención de su embajada ante la falta de garantías para operar. Sus barcos de gran porte ya cumplen con la condición sindical, pero aun así quedaron paralizados por “solidaridad gremial”. La conclusión para cualquier inversor extranjero es clara: Uruguay no ofrece reglas previsibles ni capacidad del Estado para garantizar el trabajo. 

Paradójicamente, mientras SUNTMA insiste en cerrar el puerto y bloquear la producción, la respuesta de la sociedad mostró otra cara del país. Casi 8.000 personas se inscribieron en el registro abierto por la Cámaras Pesqueras en para trabajar sin vínculo con el sindicato. La cifra revela la voluntad de miles de uruguayos de acceder a un empleo, aunque hoy esas oportunidades estén secuestradas por la intransigencia gremial y la inacción estatal. Con conductas como estas, que perjudican al país, el sindicalismo nacional, se desdibuja y en vez de defender a los trabajadores, los perjudica, desalentando necesarias inversiones en un sector que si se desarrollará como seria deseable, podría ser un puntal fundamental en el desarrollo y creación de puestos reales de trabajo. 

Finalmente genera preocupación, el comportamiento del gobierno nacional, que con dos ministros vinculados al sector, no actuaron ni arbitraron la situación como era de esperarse.  Lamentablemente, sectores radicales, que dicen preocuparse por los niños y quienes menos tienen, en vez de actuar positivamente, con sus acciones corporativas e ideologías extremistas, nada construyen y mucho destruyen.