El anuncio del presidente Yamandú Orsi de impulsar la creación de un Ministerio de Justicia ha abierto un debate político e institucional que trasciende la mera reorganización administrativa del Estado. Si bien el argumento oficial apunta a modernizar la gestión del sistema judicial y mejorar la coordinación de políticas penitenciarias y legales, desde diversos sectores de la oposición se advierte sobre un riesgo mayor: que esta nueva estructura termine concentrando poder en manos de quienes hoy impulsan con mayor énfasis su creación.