Hay decisiones que retratan con crudeza la escala de prioridades de un gobierno. Mientras miles de uruguayos hacen malabares para llegar a fin de mes, mientras se anuncian ajustes, incrementos tarifarios y nuevas cargas impositivas con el argumento de sostener derechos y políticas sociales, una delegación de 23 representantes de los tres poderes del Estado viaja a Ginebra para participar en instancias vinculadas al seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El costo aproximado: US$ 20.000 solo en traslados, viáticos y seguros, financiados por la Cámara de Senadores.

La cifra, por sí sola, puede parecer menor dentro del presupuesto nacional. Pero el problema no es meramente contable. Es ético y político. Es una cuestión de señales. En un país con dificultades de crecimiento, con sectores productivos y empresas golpeadas y complicadas, con trabajadores que ven deteriorarse su poder adquisitivo y con familias que no alcanzan a cubrir necesidades básicas, el oficialismo parece no advertir el contraste obsceno entre el discurso y los hechos.

La delegación estuvo integrada solo por legisladores del Frente Amplio: Constanza Moreira, Bettiana Díaz y el salteño ex dirgente sindical de la naranja Felipe Carballo, junto a funcionarios de alto nivel de ministerios, organismos descentralizados, Universidad de la República, ANEP, INISA, BPS, una intendencia y hasta el Poder Judicial. Seis funcionarios de Cancillería completaron el contingente. Veintitrés personas para asistir a instancias de intercambio y supervisión internacional.

¿Era imprescindible una comitiva de tal magnitud? ¿No bastaba con una representación acotada, técnica y estrictamente necesaria? ¿Qué aporte concreto justifica la presencia simultánea de actores de tan diversos organismos? Son preguntas legítimas que la ciudadanía tiene derecho a formular.

El argumento oficial sostiene que el pacto supervisa derechos esenciales como alimentación, vivienda, educación, salud, seguridad social y trabajo. Nadie discute la relevancia de esos derechos. Lo que se discute es la coherencia. Porque quienes dicen estar profundamente preocupados por la niñez desvalida, por las familias vulnerables y por la justicia social, no pueden al mismo tiempo exhibir liviandad en el manejo de los recursos públicos.

Cada dólar que el Estado gasta no surge de una fuente abstracta: proviene del esfuerzo de quienes trabajan, producen y pagan impuestos. Cuando el gobierno aumenta tarifas, crea tributos o justifica ajustes bajo el argumento de sostener políticas públicas, debería extremar el cuidado en cada erogación. La austeridad no es un capricho ideológico; es una obligación moral cuando se administra dinero ajeno.

Más grave aún es el contexto. Uruguay enfrenta dificultades de crecimiento y señales de desaceleración en actividades productivas y laborales. Sectores enteros reclaman apoyo, alivio fiscal o políticas de estímulo que no llegan o lo hacen con cuentagotas. Sin embargo, el Estado continúa ampliándose, prometiendo nuevos programas asistenciales cuya sostenibilidad futura resulta, como mínimo, incierta. Todo indica que los compromisos asumidos hoy se financiarán mañana con mayores ajustes. Y como siempre, esos ajustes no recaerán sobre la clase política, sino sobre la ciudadanía.

La reacción política ante la integración de la delegación —más allá del tono empleado en redes sociales— refleja un malestar que no es patrimonio exclusivo de la oposición. Hay un hartazgo creciente frente a una dirigencia que parece moverse en una burbuja, distante de las preocupaciones reales de la gente. La soberbia y la indiferencia percibidas alimentan una brecha peligrosa entre gobernantes y gobernados.

Representar al país en foros internacionales es necesario. Cumplir con compromisos asumidos también lo es. Pero hacerlo con criterio, mesura y responsabilidad es imprescindible. Las delegaciones pueden y deben ser más reducidas. Los gastos pueden y deben ser más contenidos. La ejemplaridad en el uso de los recursos públicos no es opcional.

Si quienes hoy ocupan cargos se consideran verdaderamente “padres de la patria”, deberían recordar que el primer deber de un buen administrador es cuidar lo que no le pertenece. Porque cuando el Estado derrocha, no paga el Estado: paga la gente. Y la paciencia social, a diferencia de los viáticos oficiales, no es ilimitada.