La frase es tan repetida como cierta. Sin embargo, también es verdad que los números pueden ser seleccionados, comparados o interpretados de formas muy diferentes según el interés de quien los utiliza. En política, economía y actividad sindical, esa práctica es habitual. Y en estos días Uruguay ofrece dos ejemplos muy claros: el debate sobre los salarios y la discusión por el precio de los combustibles.

La jornada de paro general parcial convocada por el PIT-CNT volvió a colocar sobre la mesa reclamos vinculados a mejoras salariales, empleo, presupuesto y mayor intervención estatal en distintos aspectos de la vida económica. Son reivindicaciones históricas de la central sindical y forman parte de una visión ideológica que legítimamente sostiene desde hace décadas.

Sin embargo, también corresponde analizar el contexto en el que esos reclamos se realizan. Según las estadísticas oficiales y diversos estudios económicos, el salario real promedio de los trabajadores uruguayos se encuentra en niveles históricamente elevados, incluso entre los mejores registros de los últimos cincuenta años. Esto no significa que todos los trabajadores ganen bien. Existen salarios insuficientes, sectores rezagados y situaciones complejas que nadie debería ignorar. Pero tampoco parece razonable presentar el panorama actual como si el país atravesara una etapa de deterioro salarial generalizado.

Una cosa es reclamar aumentos cuando los salarios están deprimidos, cuando existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo o cuando la economía atraviesa una crisis profunda. Otra muy distinta es hacerlo cuando los indicadores muestran niveles récord de ingreso real para buena parte de los trabajadores formales. Los reclamos pueden ser legítimos, pero también deben analizarse a la luz de la realidad económica que enfrenta el país, donde varios sectores productivos muestran dificultades, disminución de ventas, menor actividad e incluso cierres de empresas.

Algo similar ocurre con la discusión sobre el precio del gasoil. Productores ganaderos, agrícolas, hortícolas, frutícolas y transportistas vienen manifestando una creciente preocupación por el costo de los combustibles y por la implementación de nuevas exigencias administrativas, como la guía electrónica de carga promovida por el Ministerio de Transporte.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, respondió a esas movilizaciones apelando a datos estadísticos. Recordó que no observó protestas similares durante 2022 y presentó comparaciones que buscaban relativizar el impacto actual de los aumentos. El planteo tiene una base numérica, pero también merece un análisis más profundo.

Porque los datos pueden mostrar distintas realidades según el período que se tome como referencia. Si se compara junio de 2022, pocos meses después del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la actualidad marcada por nuevas tensiones internacionales, el precio del petróleo Brent medido en pesos presenta una reducción significativa. Sin embargo, la evolución de los combustibles en surtidor no refleja exactamente la misma trayectoria.

Mientras el petróleo internacional muestra una caída importante respecto de aquellos máximos históricos, el gasoil registra una baja mucho menor y la nafta incluso presenta incrementos acumulados. Es allí donde surge la discusión de fondo. No se trata solamente de observar una cifra aislada, sino de analizar toda la cadena de costos y el impacto real sobre quienes producen, transportan y generan actividad económica.

Los productores y transportistas no cargan combustible con promedios estadísticos ni con comparaciones seleccionadas. Pagan el precio vigente cada vez que llegan a una estación de servicio. Y ese precio, después de sucesivos aumentos, pesa cada vez más sobre la estructura de costos de sectores que ya enfrentan márgenes reducidos.

Por eso conviene desconfiar de quienes presentan los números como verdades absolutas e indiscutibles. Los números son indispensables para comprender la realidad, pero no sustituyen a la realidad misma. En política, sindicatos, empresas y gobiernos suelen elegir aquellas cifras que mejor respaldan sus argumentos.

La responsabilidad de los ciudadanos consiste en mirar más allá de los titulares, examinar el contexto completo y recordar una verdad tan simple como vigente: los números no mienten, pero muchas veces quienes los utilizan cuentan solamente la parte de la historia que más les conviene.