Uruguay parece haberse acostumbrado peligrosamente a una ecuación que debería preocuparnos: si una protesta no alcanza, se agrega un paro; y si el paro tampoco alcanza, se ocupa. Como si cada escalón adicional de presión otorgara automáticamente mayor legitimidad al reclamo. La ocupación del CERP-Salto vuelve a poner el problema sobre la mesa.

Los estudiantes tienen derecho a cuestionar la resolución 3009/025 del Codicen. Tienen derecho a defender la formación docente, a considerar insuficiente una determinada alternativa de titulación y a reclamar que cuatro años de preparación académica no sean sustituidos, según sostienen, por cursos de seis meses para quienes ya ejercen la docencia sin título. Todo eso es discutible. Y precisamente por eso debe discutirse. Lo que no resulta tan discutible es otra cosa: nadie debería necesitar adherir a una protesta para poder estudiar o trabajar.

Durante la jornada de ayer, dirigentes estudiantiles interrumpieron clases, alentaron a sus compañeros a sumarse a la medida e invitaron a docentes que se encontraban dictando clase a abandonar las aulas. Algunos profesores fueron sorprendidos en pleno desarrollo de su tarea. Ahí está el verdadero problema.

Porque una cosa es ocupar simbólicamente un espacio durante una movilización y otra es utilizar la ocupación para impedir que quienes no comparten la medida puedan desarrollar normalmente sus actividades.

La ocupación no es simplemente una huelga con techo. Es una medida de presión cualitativamente diferente. La huelga supone no trabajar o no asistir. La ocupación supone, además, permanecer en el lugar e impedir o condicionar el funcionamiento de la institución. Y cuando eso ocurre en un centro educativo, la contradicción es todavía mayor.

El CERP forma precisamente a quienes mañana estarán al frente de las aulas. Allí se enseña —o debería enseñarse— que la convivencia democrática requiere escuchar, argumentar, respetar diferencias y aceptar que las mayorías no siempre tienen razón. Sin embargo, pareciera que estamos transmitiendo otra enseñanza: que quien tiene capacidad de bloquear el funcionamiento de una institución tiene también mayor capacidad para imponer su posición.

¿Dónde queda el derecho del estudiante que quiere entrar a clase? ¿Dónde queda el docente que quiere enseñar? ¿Dónde queda quien no comparte la medida? Esas preguntas no pueden ser consideradas reaccionarias ni contrarias al derecho de protesta. Son, justamente, preguntas democráticas. Porque el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obligar a los demás a manifestarse.

Y aquí hay otra cuestión que Uruguay debería revisar. Hemos naturalizado tanto las ocupaciones que muchas veces se las presenta casi como una consecuencia inevitable de cualquier conflicto. Primero se reclama. Después se moviliza. Luego se para. Finalmente se ocupa. Y cuando alguien cuestiona la medida, aparece la respuesta conocida: “es pacífica”. Pero que una ocupación sea pacífica no significa que sea inocua.

También puede ser pacíficamente restrictiva. También puede ejercer presión sobre quienes no están de acuerdo. También puede impedir el ejercicio de otros derechos sin que exista un solo episodio de violencia.

La democracia no se mide solamente por la libertad que tienen los manifestantes para protestar. También se mide por la libertad que conservan quienes deciden no acompañarlos. El reclamo de los estudiantes del CERP merece ser escuchado. La discusión sobre la formación y la titulación docente merece seriedad. La calidad de la educación uruguaya no puede ser un asunto secundario. Pero justamente porque hablamos de educación, sería bueno que la primera lección fuera una elemental: convencer es democrático; obligar, no.

Las ocupaciones no deberían convertirse en la vía rápida para imponer una posición cuando los argumentos no consiguen convencer. Porque si para defender la educación terminamos impidiendo enseñar y aprender, quizás haya llegado el momento de preguntarnos si, en nombre de una buena causa, no estamos terminando utilizando una mala herramienta.