Cuando un gobierno comienza a hablar de “consolidación fiscal” y de “modificaciones tributarias sin aumentar la presión”, es momento de estar atentos. Estas frases, tan técnicas como elusivas, suelen anticipar lo que los ciudadanos entienden con claridad meridiana: un ajuste. Y, posiblemente, nuevos impuestos.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue claro en su diagnóstico tras el reciente Consejo de Ministros: el déficit fiscal de 4% del Producto Interno Bruto es “impresentable” y exige medidas correctivas. Lo que no fue tan claro fue el alcance real de los cambios que se avecinan. Se habla de retoques tributarios, de estabilidad en la presión fiscal “como proporción del PIB” y de una deuda que debe mantenerse en niveles “prudentes”. Pero en política fiscal, los matices verbales suelen esconder decisiones impopulares. Y, por cierto, trascendentales.

Desde la oposición, las alarmas se encendieron de inmediato. El partido Nacional y Colorado denunciaron, con énfasis, que el discurso oficial parece preparar el terreno para lo que sería un incumplimiento de campaña del presidente Yamandú Orsi: no aumentar los impuestos. El senador colorado Andrés Ojeda no dudó en calificarlo como una eventual “mentira flagrante”, mientras que su par nacionalista Sebastián Da Silva ironizó que el Frente Amplio es especialista en disfrazar con “nombretes” sus verdaderas intenciones.

Más allá de la retórica opositora, lo que se debate aquí no es un tecnicismo presupuestal. Es un dilema político y económico de fondo: ¿puede el Uruguay encarar una corrección de sus cuentas públicas sin recurrir a un aumento de impuestos? ¿Y si lo hace, podrá el gobierno seguir sosteniendo su credibilidad?

Oddone ha insistido en que no se busca incrementar la presión tributaria, pero dejó abierta la posibilidad de modificar tributos existentes, o incluso crear nuevos mecanismos, como parte de una reorganización del sistema. En otras palabras: el bolsillo del contribuyente podría no quedar intacto, aunque se lo intente medir en proporción al crecimiento de la economía.

Este lenguaje cuidadosamente calibrado no tranquiliza. Especialmente cuando el mismo ministro reconoce que todavía no hay decisión tomada, pero que las reformas “pueden incluir aspectos de naturaleza tributaria”. Y menos aún cuando, en paralelo, el gobierno estudia propuestas como la del Pit-Cnt para gravar al 1% más rico del país.

Los desafíos fiscales son reales, pero los compromisos electorales también lo son. La legitimidad democrática no se sostiene solo con mayorías parlamentarias, sino con coherencia entre lo prometido y lo ejecutado. Si el gobierno considera inevitable revisar el sistema impositivo, debería decirlo con honestidad, sin ambages ni eufemismos. El electorado merece claridad, no contorsiones discursivas.

Uruguay atraviesa una situación económica compleja, pero estable. No es momento para ensayar fórmulas ambiguas, sino para ejercer el liderazgo con responsabilidad y transparencia. Si se trata de subir impuestos, que se diga. Si no, que se descarte con contundencia. Todo lo demás son colchones semánticos para amortiguar el costo político. Y eso, también, tiene un precio.