Salto necesita desarrollarse. No es una consigna vacía ni una frase de ocasión: es una urgencia palpable. La falta de empleo digno, la pérdida de oportunidades y el éxodo de los jóvenes son síntomas de una enfermedad estructural que no podemos seguir ignorando. Nuestro departamento cuenta con potencial productivo envidiable, pero ese potencial no se transforma —como debería— en bienestar y progreso para la mayoría.

Tenemos una producción citrícola y hortícola consolidada, una de las más importantes del país, que apenas encuentra competencia en algunas zonas granjeras de Canelones. Pero más allá de la cantidad producida, lo que falta es dar un salto cualitativo: generar valor agregado. Salto debe dejar de ser solo un territorio productor de materias primas y pasar a ser un centro de transformación e industrialización. Ese paso es clave para generar empleo estable, bien remunerado y de largo plazo. Lo mismo vale para el sector ovino, que sobrevive en el norte con doble propósito: carne y lana. Hablamos de un rubro con productos de alta demanda internacional, especialmente la carne ovina, que alcanza mejores precios en los mercados externos que incluso la carne vacuna. Sin embargo, seguimos exportando con mínimo procesamiento, sin construir una cadena que retenga valor en el territorio.

Otro ejemplo de subexplotación es el arroz. Los rendimientos en el norte son extraordinarios, gracias a más horas de sol y acceso a riego, pero nuevamente: exportamos grano crudo, sin transformar ni crear empleo asociado a esa riqueza. Lo mismo puede decirse del olivo, cuyo cultivo en Salto ha demostrado tener excelentes condiciones. El olivo puede ofrecer mucho más que aceite: alimento animal, cosméticos, cremas, jabones… pero necesitamos inversión, tecnología y políticas que impulsen esa diversificación. En todos estos sectores hay un factor común: el trabajo humano. El cultivo, la cosecha, la sanidad, el procesamiento industrial… cada etapa requiere manos, conocimiento y compromiso. Y sin embargo, Salto sigue atrapado en una estructura económica que genera menos puestos de los necesarios y condena a buena parte de su población al desempleo o la informalidad. ¿Por qué no despegamos? Porque falta un marco adecuado. Necesitamos con urgencia atraer inversiones, fomentar el nacimiento de pequeñas y medianas industrias, facilitar la creación de empresas que puedan empezar con 10, 20 o 30 trabajadores, y que vayan creciendo con el tiempo. Pero esto no ocurrirá si no hacemos cambios profundos.Uno de ellos es el tamaño y el costo del Estado. Un aparato burocrático pesado, ineficiente y caro frena cualquier intento de emprendimiento. A esto se suma una presión fiscal que castiga al consumo y al trabajo, con impuestos como el IVA o los aportes patronales que desincentivan la contratación. Si todos estamos de acuerdo en que el país es carísimo, entonces debemos tener el coraje político de revisar el modelo.

Eso implica sacrificios. Y ese sacrificio debe empezar por quienes han gozado durante años de privilegios desmedidos: la clase política, las cúpulas sindicales intocables, los beneficiarios de jubilaciones de privilegio. Hay que redistribuir no solo la riqueza, sino también el esfuerzo. Necesitamos justicia real: que trabajar vuelva a ser un derecho y un deber, no un castigo. Que la productividad sea incentivada, y no penalizada. Que el desarrollo llegue con equidad. Que el país deje de recaer en los hombros de Don José y Doña María, los de siempre, los que pagan las facturas mientras otros viven del cuento. Quizás todo esto suene a deseo, pero es un deseo urgente y necesario. Porque lo único que está claro es que nada es gratis: cada gasto tiene un pagador. Y ya es hora de que quienes trabajan, produzcan y empujan el país, dejen de ser los únicos que pagan.