El clientelismo político es una práctica que ha atravesado las distintas administraciones departamentales del país y que, en mayor o menor medida, se repite en todos los períodos de gobierno. Se trata de una modalidad por la cual los intendentes, contratan o designan personal en forma directa, muchas veces sin concursos ni sorteos, priorizando a ciudadanos que han militado en sus filas o que son dirigentes de su mismo sector político. Este fenómeno, aunque no exclusivo de Uruguay, genera debate porque pone en tensión dos aspectos que conviven en la gestión pública: por un lado, el derecho de toda autoridad electa a gobernar con un equipo de confianza; y por otro, la obligación de velar por la transparencia, la equidad en el acceso a los cargos públicos y el respeto a los principios constitucionales.