El 12 de enero de 2025, La Prensa dio a conocer una investigación titulada “¿Diferencial en Aduanas de Salto? Vehículo propiedad de un jerarca municipal que no derivó en formalizaciones o condenas”. Aquel trabajo revelaba un episodio ocurrido en 2022 que generó dudas sobre la transparencia en los procedimientos aduaneros de la frontera norte.

El caso giraba en torno a una camioneta Toyota casi nueva, registrada a nombre de un jerarca departamental del Frente Amplio, que fue detenida en el puente de Salto Grande cuando regresaba de Concordia con accesorios incorporados por un valor cercano a los 4.000 dólares. Pese a tratarse de un caso de contrabando , según el criterio aduanero, el vehículo no fue incautado ni derivado a Fiscalía, y tampoco hubo formalizaciones.

En forma exclusiva y por primera vez, el ex aduanero Héber Fernández cuenta públicamente el operativo en el cual participó. Relata su versión de los hechos con documentos en mano, en un material periodístico imperdible que no solo respalda nuestra investigación del 12 de enero, sino que además aporta detalles inéditos sobre cómo se desarrolló aquel procedimiento.

El procedimiento en palabras de Fernández

Fernández relató que el control se realizó una tarde de 2022, cuando la camioneta regresaba desde Argentina. “Era una Toyota roja, casi 0 km, comprada hacía quince días. Venía con incorporaciones nuevas: una caja negra, valijas de herramientas, una lona marinera y dos enganches. Todo eso rondaba los 4.000 dólares”, explicó.

El intercambio con el conductor fue breve pero contundente:
—“¿Fuiste a incorporar esto que traés acá?”, preguntó Fernández.
—“Sí, porque en Salto no hay”, respondió el hombre.
Cuando se le pidió la boleta de compra, admitió que no la había solicitado, y solo mostró un remito de un comercio de Concordia. “Sin factura no hay justificación legal. Eso lo sabe cualquiera”, señaló el ex funcionario.

Horas de tensión en el puente

Fernández detalló que el procedimiento se prolongó hasta altas horas de la madrugada. “Estuvimos hasta las tres de la mañana. El desmontaje de esos elementos no lo podíamos hacer nosotros, porque no somos mecánicos. Eso lo tiene que hacer gente especializada. Así lo dejé asentado en el acta”, contó.

También relató, que personal externo retiró los accesorios en presencia de los ocupantes del vehículo y de los funcionarios aduaneros. Según Fernández, hasta allí todo se había hecho de acuerdo a la normativa. Pero lo que ocurrió después fue lo que encendió las sospechas: “Entregué el procedimiento por escrito cerca de las 11 de la noche. A las tres de la mañana, la camioneta ya estaba circulando en la ciudad. Eso no es normal. Lo habitual es que el vehículo quede retenido frente a la Aduana y se inicie un proceso judicial. En este caso, se liberó de inmediato”.

Una justicia desigual

El ex aduanero remarcó las diferencias con otros procedimientos similares: “A un vecino común le encuentran 50 prendas, valor 7.000 pesos, y le incautan el vehículo. Lo exhiben frente a la Aduana, lo formalizan y hasta puede terminar condenado. Aquí había casi 4.000 dólares en contrabando y la camioneta volvió a circular en horas. Eso no es justicia, son injusticias”.

Fernández aseguró que dejó constancia escrita del procedimiento y que posee copias de la documentación: “Está todo firmado con mi puño y letra. Después otros supervisores también firmaron. Lo que digo está documentado y cualquiera lo puede comprobar”.

En la entrevista, el ex funcionario evitó dar el nombre del jerarca involucrado, aunque deslizó que se trataba de un ex intendente. También sugirió que las órdenes de liberar el vehículo habrían llegado desde niveles superiores: “Yo hice el procedimiento como corresponde. Después vinieron las decisiones que están a la vista. No tengo miedo de ir a Fiscalía, porque todo lo que digo es cierto”.

Un caso que reabre el debate

La ratificación de Fernández refuerza las conclusiones de la investigación publicada el 12 de enero: existen dudas razonables sobre si el poder político influyó en la resolución de este caso. La sanción se limitó a una multa ,según el ex funcionario, menor a lo que establece la normativa, y no hubo consecuencias judiciales.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿la ley se aplica de igual manera para todos los ciudadanos? Mientras los procedimientos habituales son severos con los contrabandistas comunes, el vehículo de un jerarca municipal recibió un trato excepcional.