Nuestro vecino Javier Milei anunció estos días una medida bien particular: si el Estado argentino mantiene un déficit estructural y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, el presidente, el vicepresidente, los legisladores, los ministros y los principales jerarcas dejarán de cobrar sus salarios. La propuesta, que la bautizó “grillete fiscal”, también prevé paralizar las actividades estatales no esenciales, congelar nuevos gastos y contrataciones, y suspender la adjudicación de contratos mientras persista el desequilibrio. En palabras del propio Milei, “si la política no hace los deberes, será la política la que pague el costo.”

La iniciativa tiene una enorme fuerza conceptual: quienes deciden cuánto gasta el Estado no deberían ser completamente ajenos a las consecuencias de gastar más de lo que ingresa. Milei no propone que los gobernantes paguen personalmente todo el déficit, sino que dejen de cobrar mientras no sean capaces de corregirlo. La propuesta se apoya sobre una verdad básica y elemental que muchas veces no se tiene presente: EL ESTADO NO TIENE DINERO PROPIO.

Cada peso que gasta salió antes —o va a salir después— del bolsillo de alguien. Sale del jubilado que paga IASS, del trabajador que paga IRPF, de la madre que paga IVA cuando hace el surtido y del productor o comerciante que aporta incluso antes de saber si su actividad va a ser rentable. Tampoco cuando el Estado se endeuda aparece dinero gratis. Solamente se traslada el pago hacia adelante. La deuda que se contrae hoy va a ser cancelada con los impuestos de mañana por personas que no participaron de la decisión y que a veces ni siquiera habían nacido cuando se asumió la obligación.

Resulta bien interesante analizar la diferencia en que juzgamos la administración privada y la pública. Si el administrador de una empresa gastara sistemáticamente más de lo que ingresa, contrajera obligaciones que sabe que no va a pagar durante su gestión y dejara el clavo a sus sucesores, nadie diría que solamente eligió una estrategia “diferente”. Diríamos que fue, como mínimo, irresponsable o negligente. Curioso es que cuando se administra dinero público las pérdidas suelen convertirse en “decisiones políticas”, las deudas se patean para adelante y quienes las generaron no tienen ninguna consecuencia.

Ojo, esto no significa que todo déficit sea ilícito ni que endeudarse constituya necesariamente una irresponsabilidad. Un Estado puede necesitar atravesar una emergencia, financiar infraestructura o adelantar una inversión cuyos beneficios se extenderán durante generaciones. Tampoco puede administrarse un país exactamente igual que una empresa o una familia. Pero reconocer esas diferencias no impide hacer una pregunta incómoda: ¿puede llegar un punto en que gastar deliberadamente más de lo que ingresa y comprometer recursos que otros deberán pagar deje de ser una opción política discutible y se parezca a una negligencia grave?

El déficit fiscal, por sí solo, no queda comprendido en el régimen de repetición del Estado (que abordaremos oportunamente en estas columnas). Para que se apliquen los artículos 24 y 25 de la Constitución tiene que haber un daño concreto a un tercero, una reparación pagada por el Estado y una actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario. Una política costosa, una inversión fallida o una deuda inconveniente no generan automáticamente responsabilidad patrimonial.

Pero una cosa es proteger al gobernante que decide de buena fe y otra es aceptar que cualquier forma de mala administración quede amparada bajo la expresión “decisión política”. Si un jerarca ignora advertencias técnicas, viola deliberadamente controles o compromete fondos sin considerar consecuencias previsibles, corresponde al menos preguntarse si existió algo más que un simple error. Y si el Estado termina pagando por esa conducta, conviene recordar nuevamente que ese dinero no pertenece al organismo: siempre, siempre sale del esfuerzo de los ciudadanos.

La propuesta de Milei no puede trasladarse automáticamente a Uruguay ni resuelve por sí sola el problema de la responsabilidad pública. Pero hay que reconocer que su principal mérito es poner sobre la mesa una pregunta que trasciende a cualquier gobierno o partido: si somos tan exigentes con quien administra el dinero de una empresa, ¿por qué somos bastante más tolerantes cuando alguien administra el dinero de todos nosotros?