A 30 años de su creación, los Centros de Mediación se han consolidado como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Desde su puesta en marcha en 1995, bajo la órbita del Suprema Corte de Justicia, estos espacios han significado un avance sustantivo en el acceso a una justicia cercana, ágil y humana, contribuyendo además a descomprimir el sistema judicial.

La mediación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que se apoya en la intervención de un tercero neutral e imparcial: un profesional capacitado que facilita el diálogo entre las partes. Su rol no es imponer soluciones, sino acompañar, orientar y colaborar para que las personas encuentren, por sí mismas, acuerdos satisfactorios. Este enfoque promueve el entendimiento mutuo y prioriza la reconstrucción de vínculos por encima de la confrontación.

Entre sus principales virtudes se destacan su carácter voluntario, gratuito, confidencial y flexible. Cualquier persona puede acceder al servicio sin necesidad de asistencia letrada ni de presentar escritos formales. Basta con concurrir al centro y relatar la situación al mediador. Si corresponde, se invita a la otra parte involucrada, siempre que ambas manifiesten su voluntad de participar. A partir de allí, se coordinan las audiencias necesarias para abordar el conflicto.

La amplitud de asuntos que pueden tratarse en mediación es notable. Problemas vecinales, civiles o laborales; deudas; conflictos por ruidos molestos o medianeras; cuestiones vinculadas a animales; régimen de visitas o pensiones alimenticias; e incluso diferencias familiares, encuentran en estos centros un ámbito adecuado para su tratamiento. En todos los casos, el objetivo es fomentar el diálogo y alcanzar soluciones duraderas que eviten la judicialización innecesaria.

A lo largo de estas tres décadas, los Centros de Mediación han demostrado que es posible gestionar las tensiones cotidianas desde una perspectiva constructiva. Al ofrecer una vía rápida y accesible para canalizar desacuerdos, no solo alivian la carga de los tribunales, sino que también previenen la escalada de conflictos que podrían derivar en situaciones más complejas. De este modo, cumplen una función social que trasciende lo estrictamente jurídico: contribuyen a la construcción de ciudadanía y a la consolidación de una cultura de paz.

En la inauguración de uno de los centros, la entonces directora del Departamento de Mediación, Nathalie Noechwicz, destacó la importancia de la articulación institucional y el esfuerzo conjunto con la Suprema Corte de Justicia para concretar un servicio que reflejara el valor de una “justicia cotidiana, cercana y de proximidad”. Subrayó, además, el compromiso del equipo de mediadores con el Poder Judicial y con la comunidad, definiendo a la mediación como “un verdadero mecanismo humano, democrático y de diálogo constructivo”.

Por su parte, en nombre de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, recordó los orígenes de los centros y reafirmó el papel fundamental del Poder Judicial como garante del acceso a la justicia para todos los habitantes. Señaló que, pese a las limitaciones presupuestales, el compromiso institucional se mantiene firme, porque muchas veces —sostuvo— lo esencial no depende de los recursos económicos sino de la voluntad y la dedicación de las personas.

Treinta años después de su creación, los Centros de Mediación continúan demostrando que la justicia no se agota en la sentencia de un juez. También se expresa en la escucha activa, en la palabra compartida y en la búsqueda conjunta de soluciones. En tiempos donde la conflictividad social desafía permanentemente a las instituciones, estos espacios reafirman que el diálogo sigue siendo el camino más eficaz para resolver diferencias, fortalecer la convivencia y acercar la justicia a la vida cotidiana de la gente.