Promesas que se transforman, ministros que se contradicen, decisiones que necesitan ser explicadas y un gobierno que parece haber hecho de la rectificación una forma de gobernar. Hay algo que este gobierno de Orsi viene demostrando con demasiada frecuencia: entre lo que se dijo antes de llegar al poder y lo que se hace desde el poder existe una distancia cada vez más difícil de disimular. Durante la campaña se habló de certezas. Se prometió no aumentar impuestos y se cuestionaron decisiones económicas de gobiernos anteriores. Sin embargo, con Oddone en Economía aparecieron nuevas medidas tributarias y explicaciones que obligaron a compatibilizar la realidad con aquellas promesas electorales.
Y las contradicciones no quedaron allí.

Orsi calificó los procesos abreviados como “un problemón”, mientras Jorge Díaz manifestó públicamente una posición diferente. En materia de seguridad, el presidente decidió utilizar vehículos blindados del Ejército para apoyar el patrullaje y Juan Castillo cuestionó la medida. En el conflicto portuario también quedaron expuestas diferencias dentro del propio gobierno.

En política exterior ocurrió algo parecido. Gaza, Israel, Venezuela, la relación con Estados Unidos y hasta la eventual recepción de deportados generaron diferencias entre Cancillería, el Frente Amplio, legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo.

Hasta hubo situaciones en las que el propio presidente tuvo que salir a corregir o aclarar información recibida. El caso HIF fue particularmente significativo: Orsi habló de un retiro de una denuncia argentina y posteriormente Alejandro Sánchez y Jorge Díaz debieron explicar que la situación era diferente. Que la información que se le había hecho llegar al Presidente no era correcta. Y cuando esto pasa. Cuando no se le dice la verdad a un Presidente, y el Presidente termina pidiendo a sus ministros mayor coordinación y “armonía” en sus declaraciones, algo está ocurriendo.

Y mientras las contradicciones se acumulan, aparecen decisiones que merecen una discusión mucho más profunda. Y aquí aparece inevitablemente Salto. El Frente Amplio pretende hoy dar lecciones sobre cómo administrar nuestro departamento. Pero conviene recordar que durante diez años tuvo la responsabilidad de gobernarlo bajo la conducción de Andrés Lima.

Diez años dejaron una Intendencia con graves problemas financieros y una pesada mochila que la actual administración debió asumir. La nueva gestión recibió deudas, obligaciones pendientes y una administración que necesitaba ser ordenada. Por supuesto que el gobierno departamental actual debe ser controlado. Debe rendir cuentas. Debe explicar cada peso y aceptar las críticas cuando correspondan.
Pero quienes dejaron ese antecedente no pueden pretender convertirse ahora en profesores de administración pública. La autoridad política también se construye con resultados y, sobre todo, con memoria.

Salto ya vivió diez años de gobierno frenteamplista. Uruguay también está viendo hoy cómo gobierna el Frente Amplio desde el Poder Ejecutivo.
Por eso debemos mirar los hechos y no solamente los relatos.

Los ciudadanos no somos espectadores sin memoria. Vemos las promesas, las decisiones, las contradicciones y las explicaciones posteriores.
La democracia nos ofrece una herramienta poderosa: la posibilidad de evaluar lo ocurrido y decidir libremente qué futuro queremos.
Porque al final, los gobiernos pueden cambiar sus discursos, pero no pueden cambiar los hechos.

Que nadie nos pida olvidar lo que prometió, lo que decidió y lo que después intentó explicar. Recordemos cada contradicción, reclamemos cada respuesta y no permitamos que vuelvan a tratarnos como si la mentira pudiera borrar los hechos. La ciudadanía tiene memoria, tiene voz y tiene el deber de exigir la verdad.

Y cuando llegue el momento de rendir cuentas ante la ciudadanía, serán los uruguayos y los salteños quienes tendrán la última palabra.