En una democracia como Uruguay, los gobiernos no son infalibles, porque además de humanos, no son absolutistas. Ganar las elecciones da la potestad de gobernar, pero siempre a favor de la población en general. El artículo 8 de la Constitución lo determina: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” La única forma de cumplirlo, legislativamente, es construir leyes y decretos que respeten el derecho de todos. Lo antecedente se garantiza constitucionalmente, dando al Pueblo el derecho a ejercer la democracia directa, a través de plebiscitos y referéndums.

Sobrada práctica tenemos los orientales en utilizar esas herramientas, para corregir a gobiernos que se considera equivocados. A veces la mayoría apoya la corrección y en otras la rechaza, pero el ejercicio democrático existe.

Para reclamar por una consulta popular no alcanza con que “alguien” lo pida. Hay formas constitucionales de solicitarla. En el caso de la decisión del Gobierno Departamental de Salto (Intendente y Junta) de modificar el Decreto de Ordenamiento Territorial, debe recurrirse al artículo 303 de la Constitución. Mediante la presentación de MIL ciudadanos del departamento, ante la Cámara de Representantes, se puede impugnar el decreto. Se trata de una forma popular directa de manifestar que la ciudadanía quiere corregir al gobierno. Para eso estamos juntando firmas: para presentarnos ante los diputados, pidiendo que se corrija al gobierno departamental.

No se trata de un capricho. Personas de varios partidos políticos, consideramos que el gobierno de Salto, es pasible de la aplicación del 303, por haber incumplido con la Ley de Ordenamiento Territorial (desconoció las objeciones de la Audiencia Pública) y sobre todo con el artículo 8 de la Constitución; no ha tratado con igualdad a los ciudadanos del departamento. Ha modificado un decreto de interés general, para favorecer a un núcleo de propietarios de tierras rurales, transformándolas en urbanas, multiplicando su valor, y permitiendo la realización de una especulación inmobiliaria sin precedentes en el departamento.

Como tantas otras veces un puñado queda en condiciones de ganar fortunas, mientras a la comunidad nada duradero le depara. La fantasía de las fuentes de trabajo es “amor de un día”; la posible contaminación del San Antonio, la inversión en mantenimiento de obras públicas, la segregación social entre pudientes y pobres, es de por vida. El decreto modificado extiende la mancha urbana de Salto sin beneficios permanentes más que para unos pocos; se usa la ley para favorecer a unos, sin considerar a todos…

Una vez más los dueños del capital pueden aumentarlo, con la cooperación impropia del gobierno. La población en general, tiene el derecho de impugnar la norma propuesta por Lima (y apoyada por Albisu). No se consideró las opiniones técnicas ni políticas. También por eso recogemos firmas: para sensibilizar a la población a partir de la difusión de sus derechos y de las leyes que los sostienen.

Salto es de todos, no de los intendentes y los especuladores. ¿Querés firmar? Conectate con ediles o referentes de RAICES, de la Universidad o de la Magisterial. No pierdas tiempo.