Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Letrada Departamental de Salto de 4º Turno a cargo de la Dra. Gloria Nicolini,  por un presunto allanamiento ilegal ocurrido el pasado 14 de mayo de 2025, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Andes y Catalán. Según el escrito presentado, un grupo de funcionarios policiales ingresó violentamente a una vivienda familiar sin mostrar ninguna orden judicial y sin previo aviso. La denunciante asegura que no existía motivo alguno para que su casa fuera allanada, y que todo se trató de un error por parte de los agentes actuantes.

El incidente, que se desarrolló cerca del mediodía, incluyó la rotura de la puerta principal y daños materiales significativos en la propiedad. La persona afectada declaró que se encontraba en ropa interior al momento del ingreso policial, y que fue obligada a vestirse frente a los funcionarios, lo que consideró un acto humillante que vulneró su intimidad y dignidad personal.

Presuntos delitos cometidos

Según fuente confiable, la denuncia penal detalla posibles delitos cometidos por los policías intervinientes, entre ellos: violación de domicilio agravado, daño agravado, abuso de funciones y violencia privada, todos tipificados en el Código Penal uruguayo. El caso ha sido acompañado por pruebas contundentes, como grabaciones de cámaras de seguridad con audio, además de fotografías que documentan los daños ocasionados.

"... Se habrían equivocado de domicilio"

En el relato también se incluye que uno de los funcionarios habría reconocido en el lugar que se habían equivocado de domicilio, hecho que refuerza la gravedad del procedimiento irregular. El material aportado a la Fiscalía busca respaldar la solicitud de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y, de confirmarse las irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.

Accionar policial

El caso plantea nuevamente el debate sobre los límites del accionar policial, la necesidad de controles  eficaces y la protección de los derechos ciudadanos ante posibles abusos de poder. Además, subraya la importancia de que toda actuación policial esté debidamente respaldada por autorizaciones legales y que se respeten las garantías fundamentales de las personas, incluso en operativos que requieran celeridad.

“Lo mínimo que esperamos es justicia”

Desde el entorno de la víctima, se ha insistido en que no se trata solamente de un error, sino de una situación que dejó secuelas emocionales y psicológicas difíciles de reparar, además de daños materiales. “Lo mínimo que esperamos es justicia”, señalaron allegados.

Denuncia formal

La Fiscalía de 4º turno, ya  recibió la denuncia formal y se espera que en los próximos días  avance en la recolección de pruebas, identificación de los involucrados y declaración de testigos, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si efectivamente se incurrió en delitos por parte de los funcionarios públicos.