El conflicto entre la Intendencia de Salto y un grupo de exfuncionarios municipales sumó un nuevo capítulo. El presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, en declaraciones a Radio Tabaré, confirmó que entre 170 y 180 trabajadores recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), tras vencer el plazo legal de 150 días sin que la Intendencia respondiera a los recursos administrativos presentados contra sus ceses.

“Despidos ilegales, arbitrarios e injustos”

Según el dirigente sindical, los despidos fueron “ilegales, arbitrarios e injustos” y constituyeron una “violación flagrante” de la ley de negociación colectiva y de convenios que, a su entender, garantizaban estabilidad laboral. El conflicto se originó con 291 trabajadores —conocidos como “el grupo de los 291”—, aunque la cifra fue variando con el correr de los meses.

Más de 220 ex funcionarios presentaron recursos administrativos, mientras que otros no lo hicieron en plazo. Además, alrededor de 30 trabajadores fueron reintegrados por decisión del Ejecutivo departamental, aunque desde ADEOMS sostienen que no se informaron los criterios aplicados. “Es una decisión política unilateral; desconocemos cuáles fueron los fundamentos”, afirmó Gómez.

El sindicato también señaló que algunos de los funcionarios reincorporados debieron desistir de sus reclamos judiciales para retomar sus puestos, situación que calificó como vulnerable, aunque evitó cuestionar decisiones individuales. “Nadie puede juzgar a quien necesita sostener a su familia”, expresó el dirigente.

Impacto en la gestión y debate por las tercerizaciones

ADEOMS sostiene que los ceses ya afectan el funcionamiento de servicios municipales debido a la reducción de personal. Desde el gremio se advierte que este escenario podría utilizarse para justificar eventuales tercerizaciones o privatizaciones de tareas que históricamente fueron asumidas por la Intendencia. Para el sindicato, el debilitamiento de la plantilla implica no solo pérdida de empleos, sino también precarización laboral y una menor presencia del Estado en la prestación directa de servicios.

Cuestionamientos al presupuesto y pedido de diálogo

Gómez también criticó el presupuesto departamental recientemente aprobado. Afirmó que, pese a manejar uno de los mayores volúmenes de recursos de la historia de la comuna, no prevé recuperación salarial, categorizaciones ni mejoras en las condiciones laborales. En contrapartida, señaló un aumento en cargos políticos. ADEOMS, sostiene, ratificó que respaldará a los trabajadores que continúan la vía judicial y sostuvo que el conflicto trasciende los reintegros individuales. “Está en juego la vigencia de la negociación colectiva”, afirmó Gómez, quien finalmente llamó al intendente a retomar el diálogo como camino para superar la controversia.