Señor Director del diario LA PRENSA: Me permito expresar mi preocupación e indignación ante el reciente anuncio de ANEP y UTU sobre una capacitación en atención al público. En principio, cualquier iniciativa destinada a brindar herramientas para acceder a un empleo debería ser bienvenida. Pero cuando se conocen los requisitos exigidos para participar, queda la sensación de que, una vez más, la burocracia termina poniendo obstáculos justamente a quienes más necesitan una oportunidad.

Para acceder al curso se exige, entre otros documentos, fotocopia de escolaridad con Ciclo Básico aprobado, carné de salud y certificado de vacunas al día. ¿Realmente alguien pensó en la realidad social antes de establecer estas condiciones?

No todos los jóvenes y adultos han podido terminar el Ciclo Básico. Muchos debieron abandonar sus estudios para trabajar, ayudar a sus familias o simplemente sobrevivir. Lo mismo ocurre con numerosas mujeres que sostienen sus hogares y con trabajadores que viven de empleos zafrales.

Más absurdo todavía resulta exigir carné de salud vigente y certificados que pueden implicar trámites y costos para personas que justamente están buscando una oportunidad laboral porque carecen de ingresos. De esta manera, un curso pensado supuestamente para facilitar la inserción laboral puede terminar dejando afuera a quienes más necesitan capacitarse. La paradoja es evidente: se habla permanentemente de inclusión, igualdad de oportunidades y apoyo a los sectores vulnerables, pero después se levantan barreras administrativas que contradicen ese discurso.

Y si, todavía quedan lugares disponibles, quizás habría que preguntarse si el problema está en la falta de interés de la gente o en las condiciones impuestas para acceder. Porque para quien busca trabajo, la capacitación debería ser una herramienta para salir adelante, no otro muro que le recuerde que las oportunidades siguen siendo para unos pocos. Vecino preocupado