La reciente suba de los combustibles en Uruguay, combinada con ajustes en el IMESI (Impuesto Específico Interno), encendió señales de alerta en el comercio del litoral norte. Aline Bisio, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, expresó la inquietud del sector ante medidas que, si bien responden a un contexto internacional, podrían profundizar la caída de ventas en una región históricamente condicionada por la cercanía con países vecinos.

Bisio reconoció que el aumento del combustible es una consecuencia de una tendencia global. “Es una medida necesaria”, señaló, aludiendo al encarecimiento internacional del petróleo que ya había impactado con subas previas. Sin embargo, el foco de la preocupación no está únicamente en el incremento del precio, sino en cómo se instrumentan los mecanismos de compensación para las zonas de frontera.

En ese sentido, cuestionó que la rebaja del IMESI estimada en torno al 15% resulta insuficiente para equilibrar los precios con Argentina. “No pretendemos ser más baratos, pero sí estar equiparados para que la gente no se vaya”. La diferencia de costos, explicó, no solo afecta la venta de combustibles, sino que genera un efecto arrastre sobre otros rubros como gastronomía, alimentos y comercio en general.

Caída de ventas y presión fiscal

El diagnóstico del sector es claro, el primer trimestre del año mostró una baja generalizada en las ventas respecto a 2025. A esto se suma una “presión fiscal muy importante”, que limita la capacidad de respuesta de los comerciantes locales. Desde el Centro Comercial de Salto, en articulación con la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), se mantiene un diálogo frecuente con el Ministerio de Economía. Según Bisio, representantes del sector viajan regularmente a Montevideo para plantear la situación y aportar datos concretos.

Uno de los avances destacados es la integración de los centros comerciales del interior en un observatorio de políticas de frontera, junto al Ministerio de Economía, el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Industria y la Universidad Católica. Allí se busca evaluar medidas y proponer ajustes basados en evidencia. “Vamos a presentar informes mensuales con números concretos sobre cómo impactan estas decisiones”. El objetivo es determinar qué nivel de IMESI permitiría mitigar el perjuicio sin generar distorsiones mayores.

Políticas de frontera, avances y desafíos

Otro eje clave es la implementación de políticas de frontera, especialmente la importación simplificada y beneficios fiscales para comercios. Estas medidas comenzaron a aplicarse inicialmente en la frontera con Brasil, donde la diferencia de precios es más marcada, y recientemente se extendieron a zonas limítrofes con Argentina. En departamentos como Rivera, estas herramientas ya muestran resultados positivos. Permiten a pequeños comerciantes importar productos, acceder a rebajas de IVA y competir en mejores condiciones con el mercado brasileño. Sin embargo, su adopción no ha sido inmediata. “Como todo cambio, cuesta que la gente se informe y lo utilice”, subrayando la necesidad de difusión y capacitación para que más empresas especialmente las más pequeñas puedan beneficiarse. Además, se incorporaron incentivos como descuentos patronales para empresas que contraten trabajadores en zonas de frontera, lo que busca dinamizar el empleo local.

Medidas recientes y expectativas

Entre los avances recientes, Bisio destacó la ampliación del alcance del descuento de IMESI en estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera. Esta modificación corrige situaciones que dejaban en desventaja a algunas estaciones, favoreciendo una competencia más equitativa. A pesar de estos pasos, el sector mantiene cautela. Las medidas son vistas como parte de un proceso de “ensayo y error”, que requiere ajustes continuos. La expectativa está puesta en que el gobierno revise los porcentajes actuales y considere el impacto real en las economías locales. “Sabemos que no es fácil, pero necesitamos que se entienda lo que esto genera en el comercio”. Mientras tanto, comerciantes y autoridades seguirán negociando en busca de un equilibrio que permita sostener la actividad en una región donde cada diferencia de precios puede traducirse en clientes que cruzan la frontera.